Inicio Ediciones 2009 EDICION57 “Nueva Ley de Aguas postula gestión eficiente del recurso y no es privatista”

“Nueva Ley de Aguas postula gestión eficiente del recurso y no es privatista”

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La nueva Ley de Recursos Hídricos establece la gestión integrada del agua y prioriza la eficiencia en su uso, destacó el presidente del comité de aguas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Guido Bocchio.

“La eficiencia es un concepto fundamental de la norma. Todos los usuarios tendrán que pensar cómo sacarle mejor partido a su agua, porque la ley permite incluso la reducción de pagos, así que el más eficiente tendrá algún beneficio”, remarcó el también gerente legal y de recursos naturales de Southern Perú Cooper.

Agregó que el reglamento de la ley precisará los detalles sobre el aprovechamiento eficiente del líquido elemento, lo que permitirá no malgastarlo, de tal manera que se disponga de más reservas para beneficiar a más gente.

Con relación a la administración del recurso, recordó que la anterior ley estaba enfocada principalmente en la agricultura, en el riego; en cambio la nueva normativa fija una gestión multisectorial y coordinada entre múltiples instituciones, bajo el liderazgo de la Autoridad Nacional de Agua (ANA)

Acotó que de esta manera, “se maximizarán los valores económico, social y ambiental del agua, previstos en la Constitución y en la Ley General del Ambiente”.

Asimismo, destacó que el nuevo dispositivo considera como recursos hídricos los bienes asociados al agua y que son de dos tipos: Los naturales, que son los cauces, riberas y vegetación del entorno; y los artificiales, la infraestructura hidráulica pública o privada.

Entonces -añadió- se refiere al agua de los ríos, de los cauces artificiales o naturales, de los manantiales, de la residual y la proveniente de instalaciones. También está comprendida el agua marítima y atmosférica en lo aplicable, aunque no tenemos un régimen de estas para su aplicación.

Estratégico para el desarrollo. Y no privatista

Asimismo, resaltó que, a diferencia de sus antecesoras, la nueva ley define por primera vez al agua como “recurso natural renovable”, así como indispensable para la vida y estratégico para el desarrollo.

“Aquí (en la norma) el agua está vista como un elemento estratégico para el desarrollo, de tal manera que los mineros que realizamos una actividad también estratégica, tenemos el reto de enfocarnos en su uso desde ese punto de vista”, recalcó el empresario.

En otro momento, afirmó que acorde a nuestra Constitución, la ley en cuestión garantiza que el agua es inalienable y patrimonio de la Nación, descartando la intenciones privatistas que le atribuyen por ejemplo, “nuestros hermanos de la selva que están pidiendo su derogatoria”. “La ley te dice que tú no puedes disponer libremente del agua, que no hay propiedad privada sobre ella”, recalcó.

Trabajo de la ANA

Dijo que el gran reto de la ANA para aplicar apropiadamente dicha ley es expedir normas reglamentarias adecuadas para regular la gestión integrada de los recursos hídricos. “Todos debemos poner el hombro para apoyar en esta gestión”, expresó Bocchio.

Dijo que dicho organismo tiene bajo sí, dos grandes órganos vitales para su mejor gestión institucional: las autoridades administrativas del agua existentes a lo largo del país y las autoridades de los distritos de riego.

Añadió que tiene que desarrollar un trabajo estrecho con el Ministerio de Agricultura y del Ambiente y con múltiples organismos como la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), Osinergmin y otros como Digesa y Senamhi.

En un nivel inferior, pero no menos importante, están los Consejos de Cuenca y dentro de estos los gobiernos regionales y municipales, y las organizaciones de usuarios, entre ellos los mineros, según detalló.

Informó que la ANA tiene un Consejo Directivo con trece miembros, con predominancia de instituciones públicas, presidido por el Ministerio de Agricultura, y aquí los mineros tendrán que conformar organizaciones de usuarios no agrarios para poder intervenir y tener un asiento en esta instancia.

Al respecto, dio a conocer que la SNMPE ha solicitado a la ANA, al igual que otros gremios -hasta que se expida el reglamento- ser acreditada ante el consejo directivo, que tendrá un rol fundamental en la aprobación de planes, definición de políticas y estrategias nacionales y de planificación hidrológica, etc.
De otro lado, ponderó la inclusión de un Tribunal de resolución de controversias hídricas, en el cual no intervendrá la jefatura de la ANA, a diferencia de lo que ocurría con la intendencia de recursos hídricos o la Dirección General de Agua.

En otro acápite, expresó su preocupación por el funcionamiento de los Consejos de Cuenca, pues la norma contempla la participación de los usuarios mediante organizaciones, lo cual podría originar un gran desorden.

“Se necesita un ordenamiento previo, porque sino podríamos entrar a una paralización en materia de agua, como si por ejemplo esos Consejos va a emitir opinión para otorgar licencias y permisos de usos de agua y participar en el otorgamiento de derechos de usos de agua”, explicó.


Laureano del Castillo, respecto a la Ley de Recursos Hídricos: Se debe “consolidar”

El responsable del programa de Desarrollo Rural, Institucionalidad y Democracia del CEPES, Laureano del Castillo, consideró en ProActivo, que la nueva Ley de Recursos Hídricos “no es una mala ley (…) pero es un gran paso adelante, frente al tremendo desorden y desarticulación que teníamos en materia de agua en el país”.

Asimismo expresó que la reglamentación de dicha norma es la oportunidad para ajustar algunos puntos, como por ejemplo el de la descentralización de los órganos involucrados, pues se incide más en una desconcentración, lo cual implica que habría una distribución geográfica, pero no la delegación de facultades a otras instancias gubernamentales.

“Hay aspectos que una futura revisión y modificación de esta Ley de Recursos Hídricos, debería permitir cimentar mejor, consolidar más”, pronunció el abogado.

Otro de los puntos a revisión –dijo Del Castillo- sería el de los Consejos de Cuenca, puesto que el artículo central no da la debida importancia a este órgano, pues lo define sólo como una instancia consultiva.

“Hay que reconocer los avances a nivel internacional, doctrinarios y en el mismo país, respecto a la importancia de la participación de los usuarios de manera organizada”, refirió Del Castillo.

Juntas de Usuarios no involucran a todos

El especialista en el tema hídrico criticó también que las Juntas de Usuarios no incorporan a todos los usuarios, sino tan sólo a los agrarios, puesto que vienen de la anterior Ley General de Aplicación de Aguas.

Al respecto, indicó que se requiere incentivar la participación de otros usuarios, porque el agua es un tema que nos beneficia a todos, “incorporando a usuarios poblacionales, generadores de energía eléctrica, industriales y mineros, porque todos participan. Se benefician o se perjudican de la gestión del agua”, finalizó el letrado.

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