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45% de territorios campesinos en Perú están concesionados a empresas mineras

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Veronika Mendoza

El colectivo Macrosur organizó un foro donde congresista Mendoza expuso iniciativa para ordenar el territorio en función a su actividad productiva y urbana.

Arequipa.

El 45% de territorios campesinos fueron concesionados a empresas que tienen interés en explotar oro, plata y cobre. Esa cifra figura en el proyecto de la congresista Veronika Mendoza, que apunta a proponer un ordenamiento territorial. Es cierto, la inversión minera significa millonarios ingresos para los privados, puestos de trabajo y jugosas rentas al Estado pero en desmedro de los nativos.

Para los campesinos, la tierra tiene un significado vital. Representa una deidad, la única herencia, dijo Mendoza la semana pasada en un foro sobre Ordenamiento Territorial (OT) y Zonificación Ecológico Económica (ZEE), desarrollado en el Colegio de Arquitectos de Arequipa.

Durante la exposición precisó que la disputa de tierras se ha convertido en la principal causa de conflictos sociales en los últimos años (ver infografía). “El Estado entrega concesiones que se superponen a terrenos donde hay poblaciones enteras; esto debe frenarse”, agregó.

Eso ocurrió en el distrito de Morococha (provincia de Yauli), en Junín. Más de cinco mil pobladores serán reubicados a una nueva ciudad para permitir el proyecto minero Toromocho. Era la única alternativa para explotar los 1,562 millones de toneladas de cobre y plata que estaban debajo del poblado.

A decir de Mendoza, la migración de la gente de las zonas altoandinas a las grandes ciudades ha dado carta libre a la cesión de esos territorios. Sin embargo, no hay rigurosidad para verificar si hay ocupación urbana. De este proceso se encarga el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.

Para el gerente regional de Energía y Minas, Alberto Butrón, la principal causa de estas cesiones se debe a que estas propiedades no están inscritas en Registros Públicos. “Encima, para obtener una concesión basta con identificar el terreno, pagar 3 dólares por hectárea para la gran minería y un dólar para la mediana”, explicó. El funcionario admitió que en poblados de Caravelí y Caylloma hay mineras que quieren desalojar a los comuneros.

“Si hasta terrenos de Majes I y II fueron entregados como concesión”, dijo. Es que la legislación peruana, al no contar con planes de OT y ZEE, permite estas superposiciones.

Un alto a la minería

Con el afán de poner fin al desorden, la legisladora Verónika Mendoza presentó el proyecto de ley Nº 2522 que regula el ordenamiento territorial.

La norma consiste en identificar las áreas campesinas, protegidas, de pueblos nativos, urbanas, etc. Con esa información, las concesiones mineras se entregarían en espacios que no impliquen perjuicio a comunidades o al medio ambiente. Esta responsabilidad estaría a cargo del Ministerio del Ambiente, ya que existen 18 normas nacionales que le reconocen este tipo de facultades.

“Con una ordenanza regional, las regiones validarán esta norma por 10 años; después podrá ser modificada de acuerdo a los cambios geográficos”, detalló la legisladora. La propuesta detalla también que si una región no cuenta aún con su proyecto de OT, podrá tener “opinión vinculante” sobre cualquier proyecto aurífero.

“De esta forma, el país crecería de forma ordenada; mientras tanto, las actuales concesiones pueden quedarse congeladas”, propuso Mendoza.

importante

El coordinador del proyecto ZEE en Arequipa, Gustavo Delgado, explicó que el proceso de zonificación permite conocer los sectores de desarrollo económico, ecológico y rural de una región.

“Son planes muy necesarios para proyectarnos a futuro. Una suerte de mapas que nos indicará las zonas más adecuadas para crecer como una sociedad responsable y ordenada”, explicó.

No todas las comunidades serán minas

Dante PINTO oTAZú

Subgerente del ARMA

Esta situación es preocupante, pero debemos aclarar que no todos los terrenos concesionados terminarán siendo minas. De un 100%, solo el 30% iniciará exploraciones y menos del 2% terminará en explotación minera.

En realidad, la concesión es un derecho ficticio porque el inversionista adquiere un derecho sobre el subsuelo, mas no sobre el terreno de la superficie. Para operar en su concesión antes deben llegar a un acuerdo con las comunidades campesinas o los titulares del suelo.

El problema de la superposición ocurre porque el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) exige requisitos mínimos. Basta con un plano y pagar el derecho del área en petición. En Caravelí, por ejemplo, la comunidad de Cahuacho tiene este tipo de problemas.

Fuente: La República

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