En la primera quincena de febrero se aprobará el informe final de las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la Región Huánuco, cuya defraudación en perjuicio del Estado ascendería a más de 150 millones de soles.
Así lo informó el presidente del Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras en los gobiernos regionales, congresista Rogelio Canches Guzmán (NGP), después de presidir la sesión de ese subgrupo fiscalizador en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.
En la reunión se iba a aprobar un informe preliminar que contenía recomendaciones, pero a sugerencia del legislador Yehude Simon Munaro (PP) la aprobación se postergó, por considerar que debería convocarse, por última vez, al ex presidente de la Región Huánuco, Luis Picón Quedo, a fin de que explique las denuncias y no darle argumentos para sostener que se ha violado el debido proceso.
“Le daremos otra oportunidad para defenderse, porque hasta ahora se ha mostrado renuente a la convocatoria formulada por el grupo de trabajo”, anotó.
Canches señaló que el informe sobre Huánuco será elevado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría e inmediatamente remitido al Ministerio Público, el cual determinará las medidas a adoptar de acuerdo a las recomendaciones que se formule, como es el levantamiento del secreto bancario y de las reservas telefónicas a los funcionarios que resulten responsables de delitos penales en agravio del Estado.
El parlamentario nacionalista también informó que posteriormente ese grupo de trabajo se abocará a investigar a la Región Ayacucho, contra cuyas autoridades se han presentado denuncias de malversación de fondos por más de 200 millones de soles en la construcción de un hospital y 20 millones de dólares en la dudosa adquisición de maquinarias.
Dijo que inmediatamente después se investigará a la Región Callao, cuyos mandos gerenciales han sido denunciado por supuestamente haberse enriquecido con más de 300 millones de soles en el otorgamiento de obras sin la convocatoria a licitación legal. Añadió que también serán sometidos a un proceso investigatorio los gobiernos regionales de Ucayali, Huancavelica, Pasco y Lima Provincias.
Manifestó que a la larga lista de regiones investigadas se han agregado la de Tacna y Apurímac a pedido del parlamentario Yehude Simon. Agregó que en las investigaciones a las regiones se están encontrando las famosas cartas fianzas falsas que “garantizaba” COOPEX, empresa con la cual operaba Rodolfo Orellana para cometer sus fechorías.
“Nosotros daremos a conocer a las autoridades regionales corruptas, pero también destacaremos a las de las regiones en donde se han ejecutado obras en el marco de la legalidad”, agregó.
PRENSA-CONGRESO