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-Politización dificulta a funcionarios tomar decisiones y puede paralizar los proyectos, señala Ositran.

Las últimas intervenciones de la Contraloría General de la República en el quehacer nacional han levantado una serie de cuestionamientos sobre el papel que esta entidad debe desempeñar en el control del manejo de la cosa pública.

El presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, declaró a Correo que el ruido que está provocando el contralor Édgar Alarcón genera incertidumbre, por lo que puede espantar a las grandes inversiones.

“La intervención mediática del Contralor, con denuncias que presenta de diversas formas y que en el fondo no son reales, crea un clima de mucha incertidumbre; puede incrementar el riesgo país; puede desanimar nuevas inversiones. Incluso podría impedir que proyectos que van a empezar no logren sus cierres financieros, porque bancar una inversión grande en un país donde existe un clima de incertidumbre y denuncias es muy difícil”, indicó.

Obras. Prialé manifestó que al espantar a las inversiones, se afectará a los peruanos porque no tendrán los servicios que necesitan.

Además, los funcionarios no se atreverán a tomar decisiones, o no se va a conseguir que personas calificadas acepten cargos, como el de ProInversión, entidad que ha sido duramente cuestionada por Alarcón.

El presidente de AFIN, entidad que organizó el foro “El impacto de la Contraloría sobre el bienestar ciudadano y las inversiones”, afirmó que su gremio apoya todo lo que es control y el debido proceso. “Pero se está dando el caso de que el control en algunos proyectos parece estar siendo utilizado con fines mediáticos”, dijo.

Al respecto, el exministro de Economía Luis Valdivieso precisó que no todos los funcionarios están informados de regulación y normas que cumplir.

“Una cosa es control, otra es injerencia. Estoy de acuerdo con el control estricto, pero no estoy de acuerdo con la injerencia en toma de decisiones, que es terreno del Ejecutivo, que es responsable de las decisiones que se toman. Bien la Contraloría, pero con un claro rol, que no perjudique la ejecución (de proyectos)”, agregó.

Ositran. La presidenta del Ositran, Patricia Benavente, dijo por su lado que la Contraloría y muchas entidades públicas no entienden la diferencia entre una APP y una obra pública, por lo que no puede cuestionar su labor.

“Creo que se debe atacar el tema de fondo desde la academia, desde las empresas. Se debe trabajar un proyecto de ley orgánica que de alguna manera clarifique un poco más el rol de la Contraloría; la Contraloría y el Congreso lo deben de discutir”, señaló.

Además, cuestionó que se estén politizando los proyectos de inversión. “No se puede evitar, pero para mitigar esta politización, que puede perjudicar a todos los peruanos, el único que puede tomar acción es el Gobierno”, agregó.

Dijo que varios congresistas adelantaron que formarán comisiones investigadoras de proyectos, lo que está bien, pero cuando se politiza, asusta a los funcionarios públicos, que luego se inhiben de tomar decisiones.

Fuente: Correo