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Amnistía Internacional Perú advierte que no respetan los derechos indígenas

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Amnistía Internacional Perú advierte que no respetan los derechos indígenas
Informe mundial de AI sobre situación de los DDHH en el mundo muestra preocupación por las comunidades afectadas por la actividad de las industrias extractivas.

No se respetan los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento –libre, previo e informado– antes de las concesiones a favor de las industrias extractivas; continúan las agresiones en contra de activistas y detractores del gobierno; la policía hace un uso excesivo de la fuerza; los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados; la impunidad sigue siendo motivo de preocupación. En resumen, este es el panorama de los derechos humanos en el Perú, de acuerdo con el último informe mundial de Amnistía Internacional (AI).

El documento titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo” señala que los conflictos sociales y las protestas en “las comunidades afectadas por industrias extractivas siguieron siendo generalizados” y que algunas de esas manifestaciones desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Precisa que continuaron los “ataques contra activistas y detractores del gobierno, incluidos los defensores de los derechos humanos, particularmente aquellos que defendían los derechos de las comunidades afectadas por las industrias extractivas”.

AI menciona los casos de Máxima Chaupe y su familia y otros miembros de las comunidades de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc-Bambamarca, en Cajamarca, “agredidos e intimidados por miembros de las fuerzas de seguridad y del personal de seguridad privada de la empresa minera aurífera Yanacocha”.

Silvia Toledo, coordinadora de incidencia en derechos humanos y políticas de AI, sostuvo que el Perú, respecto a los países de América del Sur, “ha quedado por debajo de la línea media” porque mientras los demás países avanzan en el cumplimiento de los convenios internacionales, así no sucede en el país.
Derechos indígenas

El informe mundial de AI sostiene que es un motivo de preocupación que, hasta el momento, no exista una “metodología clara” ni “coherencia en la puesta en práctica” de la Ley de Consulta Previa, aprobada en el 2011.

AI sostiene en su informe, por ejemplo, que la licencia para ampliar la explotación de los yacimientos de gas de Camisea (en el Cusco) se ha producido a pesar de la “intranquilidad” que genera que “ninguna de las comunidades indígenas que podían verse afectadas hubiera dado su consentimiento”.

El documento recuerda que por lo menos nueve personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas “en un clima de inquietud por el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad durante las protestas a lo largo del 2014”.❧

EXISTE UNA DEUDA CON LOS DERECHOS DE VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES

-Silvia Toledo, de AI, dijo que el Estado peruano arrastra una deuda con las mujeres que sufrieron esterilización forzosa y con las víctimas de la violencia política.

-“El gobierno no hace nada para sancionar a los responsables de las esterilizaciones e indemnizar a las afectadas, mucho más cuando fue una oferta electoral. Estamos pidiendo que se reabra el caso en la fiscalía y que el Estado haga las reparaciones integrales a esas víctimas”, señaló Toledo.

-En su informe, AI destaca que el aborto en caso de embarazo como consecuencia de violación o incesto sigue penalizado y que la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia, incluso en casos de abuso sexual, continúa prohibida.

-“Al finalizar el año, seguía pendiente de ser debatido en el Congreso un anteproyecto de ley, respaldado por 60.000 firmas, que legalizaría el aborto para las víctimas de violación”, dice el informe.

La República

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