Cajamarca, jun. 11. Ovidio Romero Marquina (de 33 años), propietario del socavón donde murió, el pasado 6 de junio, el minero Santos Ignacio Mercedes Verástegui (de 32), cuando realizaba labores de extracción de oro, fue internado en el penal de Huacariz de Cajamarca, por disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajabamba.
En audiencia pública, el magistrado César Martín Salaverry Pajares declaró fundado el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva contra Romero Marquina, por los delitos contra la vida el cuerpo y la salud en la figura de homicidio culposo, y contra la libertad de trabajo en la modalidad de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene.
Mercedes Verástegui perdió la vida al caer de una altura de 15 metros, cuando llevaba a cabo trabajos de extracción de mineral en el sector La Chilca, caserío San José, provincia de Cajabamba.Tras el accidente, y aún con signos de vida, fue trasladado al hospital de la provincia de Cajabamba, falleciendo en el camino.
Según el diagnóstico del nosocomio, el trabajador murió a consecuencia de traumatismo craneoencefálico grave. La fiscalía dispuso la detención del propietario del socavón, Romero Marquina, para las investigaciones de ley.
La Fiscalía Provincial de Cajabamba solicitó prisión preventiva por nueve meses para Marquina, siendo aceptado por el juez César Salaverry, quien ordenó el traslado del detenido al penal de Huacariz, en Cajamarca.
Germán Dávila Gabriel, presidente de la Junta de Fiscales de Cajamarca, aseguró que el Ministerio Publico, en coordinación con la policía, ejecutará un operativo en la zona como consecuencia de las muertes de trabajadores en La Chilca, donde operan mineros ilegales.
“Tenemos una fiscalía especializada en medio ambiente y estamos solicitando el apoyo policial para la intervención de los fiscales en la zona. La finalidad es el cese de la minería informal en Cajabamba”, sostuvo el fiscal superior.
Explicó que la intervención se enfocará en varios aspectos: bloquear los accesos a la zona; la identificación de las personas, porque muchas no cuentan con DNI, y la erradicación del delito de trata de personas sexual y laboral.
Andina