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Chinchero: Contraloría afirma que responsabilidades no recaían sobre ministros

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Edgar Alarcón, Contralor General de la República / Foto: Andina

El contralor general de la República, Edgar Alarcón, afirmó hoy que el informe de auditoría de la adenda suscrita para la construcción del aeropuerto de Chinchero, encontró responsabilidad penal en funcionarios, pero precisó que esta no alcanza a los ministros de los sectores involucrados.

En conferencia de prensa, precisó que iniciarán una acción ante el Ministerio Público en contra de seis funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dos del Ministerio de Economía y Finanzas y dos del Organismo Supervisión de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

“No hay ningún titular (de portafolio) involucrado en el informe,  son funcionarios vinculados directamente con la gestión administrativa y la decisión de firmar la adenda”, manifestó.

Asimismo, refirió que la Contraloría no recomienda temas de gestión, como la posibilidad de que el Estado no resuelva el contrato, sino que el informe permitirá “estar en mejor posición al momento de dicha resolución”.

En cuanto a la renuncia al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, precisó que “esto se trata de un tema político y de gestión del Gobierno”.

Recordó que el viernes pasado tuvieron una reunión con el entonces ministro Vizcarra, así como con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, para hacer algunas precisiones sobre el informe de auditoría.

Amenazas

Respecto a las amenazas en su contra, conocidas antes de dar a conocer el informe sobre el aeropuerto de Chinchero, precisó que su denuncia está siendo investigada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Nosotros en la Contraloría recibimos amenazas contra todos los auditores, pero nuestra preocupación principal es nuestra familia, porque esperamos cautelar su seguridad y asegurar la parte física”, refirió.

Adenda de Chinchero incumplía normativa

La adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero incumplía la normativa que regula las asociaciones público privadas, informó hoy el contralor general de la República, Edgar Alarcón.

En conferencia de prensa, precisó que el documento, firmado el 3 de febrero pasado entre el Ministerio de Transportes y el concesionario Kuntur Wasi, se realizó sin que se haya autorizado un acreedor permitido, requisito indispensable para modificar el contrato en los tres primeros años de vigencia.

De igual forma, Alarcón detalló que al momento de la firma de la adenda no existía una propuesta de endeudamiento garantizada y permitida.

Con todo ello, agregó, las acciones realizadas habrían favorecido al concesionario y la ejecución del documento, en los términos pactados, habría significado para el Estado un perjuicio económico estimado en 40.6 millones de dólares.

Refirió, además, que se ha determinado la presunta responsabilidad penal en diez funcionarios: seis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dos del Ministerio de Economía y Finanzas y dos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Sobre ellos, dijo, se ha iniciado acciones legales hoy, por medio del procurador de la Contraloría ante el Ministerio Público.

Como recomendaciones, señaló la necesidad de disponer acciones para restablecer las condiciones de competencia establecidas en las bases del concurso en el que participaron todos los postores.

Asimismo, disponer acciones para restablecer las condiciones técnicas legales consideradas en la propuesta del postor ganador en el contrato suscrito, lo cual requiere tomar en cuenta la ley, las bases del concurso, así como las directivas y lineamientos en salvaguarda de los intereses del Estado.

También disponer acciones para que el concesionario acredite al acreedor permitido y presente una propuesta de financiamiento a fin de lograr un cierre financiero en el menor plazo posible.

Fuente: Andina

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