La problemática de la actividad minera nacional fue abordada para ProActivo por el congresista electo de Gana Perú, Javier Diez Canseco. Entre otras cosas, nuestro entrevistado subrayó que el aporte tributario de las empresas mineras es insuficiente, pese a las grandes utilidades que obtienen por la explotación de nuestros recursos naturales.

¿Cuál debería ser el rol del Estado en la actividad minera?

Nuestra apreciación es que el Estado ha generado condiciones de incentivos y en algunos casos privilegios indebidos a la minería, en lugar de desarrollar una posición integral que implique no sólo promover incentivos, sino regulación medioambiental, debe también desarrollar un censo de desarrollo natural en el país y tener zonas claras explotables, establecer una zonificación económica ecológica.

El Estado no ha desarrollado una política respecto al tema de la consulta y la licencia social, más bien ha obstaculizado la acción de esa ley; eso ha agudizado conflictos en forma indebida, no hay una política adecuada de la legislación laboral de los trabajadores mineros y hay un abuso de los service, que reducen los derechos sociales.

El Estado debería ubicar la minería al interior de un proyecto que combine dos objetivos adicionales: uno, la transformación e industrialización que no se está produciendo en lo sustantivo, y dos, el desarrollo de transferencia de ciencia y tecnología y su aprovechamiento para crear maquinaria y tecnología de raíz nacional en los proyectos de explotación minera. La minería es una actividad económica que genera una minúscula cantidad de valor en un país de 29 millones de habitantes.

Y lo último, es que el aporte tributario de las empresas mineras es realmente insuficiente, pese al boom de precios, lo que corresponde es lo que planteamos: que una parte más significativa de la renta minera sea destinada a los fondos para poder producir más inversiones sociales. La gran parte de las inversiones mineras se concertaron cuando el cobre estaba en 70 centavos la libra y hoy está US$ 4.20 la libra.

Ud. sostiene que hay mineras que evaden impuestos. ¿Puede dar ejemplos?

Por ejemplo, no se está cumpliendo con el pago de regalías y hay un fallo en el Tribunal Constitucional que dice que las regalías no son tributos.

Yo estoy hablando de que paguen lo que deben pagar. Ahora no hay ningún cambio, la ley establece que deben pagar 1, 2 o 3% del valor del mineral a boca de mina o de pozo al Estado y no lo pagan. Eso lo han canjeado por un absurdo óbolo minero, que no es un tributo sino una donación. Los entes dan las donaciones que quieran, pero el Estado no puede canjear un tributo o un derecho por una donación.

En caso que Humala llegue al gobierno, ¿Suprimirá el aporte voluntario?

Las empresas son libres de dar el aporte voluntario que deseen, nosotros no podemos impedir que lo hagan. Estaríamos muy contentos con ese aporte, pero queremos que también cumplan con sus obligaciones tributarias y derechos. Es decisión de las empresas si quieren mantener o no el óbolo. A nosotros nos parece que no es función de la empresa minera hacer escuelas, pistas o abrir un club deportivo.

Sería excelente que aparte de pagar sus impuestos mantuvieran el aporte voluntario, en una disposición de cambiar una actitud que nosotros consideramos equivocada de no haber cumplido con el nivel de utilidades que poseen con un país que tiene una gran cantidad de necesidades. Nosotros vemos que las empresas mineras tienen su mayor rendimiento de utilidades en Perú que en otros países; revisen Barrick, Newmont, o las que quieran, y verán que en el balance, las filiales peruanas son las que mayor utilidad producen.

Se habla de que ustedes despojarían de su propiedad a Newmont, y que Yanacocha quedaría en manos de Buenaventura y el Estado. ¿Qué veracidad tiene este rumor?

Eso es mentira. Es parte de una campaña que pretende generar un nivel de desestabilización económica y política, porque no es la propuesta que tiene Gana Perú; lo que sostiene Gana Perú es que hay que nacionalizar los recursos naturales en el sentido de orientar su uso en función de un proceso de desarrollo nacional, estableciendo condiciones de rendimiento a la inversión. Que los inversionistas se comprometan a hacer transformación de la materia prima, y eso podría generar incentivos tributarios.

¿Incentivos de qué tipo?

Beneficios, como pagos de impuestos a cambio de inversión en procesos de industrialización y desarrollo tecnológico en el país. Un compromiso que tenga que ver con inversiones para desarrollar la industrialización de nuestros recursos naturales.

Usted argumenta que no se aprobarán los contratos de estabilidad.

Nosotros no tenemos el acuerdo de renovar ninguno, que no es lo mismo que no se renovará ninguno.

Sobre la regulación ambiental, ¿Es un tema de cumplimiento o de nuevas normas?

Doe Run, por ejemplo, ha incumplido los Pamas y ha recibido prórrogas y prórrogas, en una situación indebida. El Estado no puede ser manejado por lobistas de empresas, el estado tiene que ser un ente independiente para poder aplicar la ley y desarrollar reglamentos necesarios. El Estado es condescendiente con la contaminación, el caso más notorio es el de Doe Run.

En el caso de Doe Run, ¿Cuál sería la posición de un eventual gobierno de Humala?

Que se cumpla lo que dice. Eso lo definirán los abogados en el momento pertinente, yo no voy a adelantar opiniones. Se va a cumplir la ley y los reglamentos en función a lo que está establecido normativamente.

La ley dice que irán a un arbitraje pero un nuevo ministerio tendrá que evaluar, y si hay irregularidades en las formas como se han dejado las cosas, no se tiene por qué estar de acuerdo.

Y con los gobiernos regionales, ¿Cómo actuarían?

En primer lugar hay que fortalecer el Estado, no sólo a nivel nacional, sino a nivel subnacional, donde están los gobiernos regionales y municipales. Necesitamos una administración eficiente, que gaste bien, no podemos continuar con una política donde el canon se invierte en el palacio municipal y no hay agua ni desagüe en el pueblo.

Entonces tiene un punto en común con los empresarios mineros.

Tenemos muchos otros puntos en común.

¿Qué otros más?

Podemos empezar por el lado responsable de desarrollar una minería no contaminante y una situación de seguridad en el empleo que disminuya los accidentes de trabajo, que son significativos en dicha actividad. Tenemos en común, con el grueso de empresarios que yo conozco, que no es su función hacer escuelas, pistas y que eso debería competencia del Estado. Finalmente, que ellos deberían dar una mayor contribución de la que dan ahora.

¿Qué les diría a los inversionistas que tienen temor a Ollanta Humala?

¿Sabes qué? Yo les diría simplemente que actúen como lo hacen en su país, nada más. Este país no es el patio trasero de otro país.

¿El problema surge porque son empresas extranjeras?

Porque no aplican las reglas, normas y códigos.

Hay empresarios nacionales también.

Los empresarios nacionales, todos los sabemos, no controlan ninguna de las grandes empresas de la minería en el país. Sólo son socios.

De llegar al gobierno ¿Inmediatamente tomarán cartas en el tema de Camisea?

Sin duda.

¿La pasarán al Estado peruano?

No. Regresaríamos al contrato original que firmó el Estado, el primigenio, el que establece que hay que tener un horizonte de 20 años en reservas para atender las necesidades energéticas de gas en el país.

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