(Foto: Crónica Viva)
El miércoles 15 de junio se presentó el 16° Reporte de Conflictos Mineros del Perú, con la participación de José De Echave,Ana Leyva y Marlene Castillo de CooperAcción, David Velasco de Fedepaz y Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Chaupede Grufides.
José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, señaló que entre los aspectos más preocupantes del semestre fueron la aprobación de la “Ley 30327 de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible”, el conflicto por el proyecto minero Tía María y la reducción de la potestad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
La aprobación de la nueva Ley 30327 ha generado preocupación en el seno de las organizaciones campesinas e indígenas por el posible impacto en sus territorios. Por otro lado, preocupa la brevedad de los plazos que establece y la falta de garantías para los necesarios recursos humanos, materiales y financieros del Servicio Nacional de Certificación Ambiental.
Las regiones con mayor número de conflictos siguen siendo Apurímac, Ancash, Puno y Cusco, mientras que las causas continúan siendo predominantemente socio ambientales, vinculadas a actividades extractivas como la minería. Otro aspecto a subrayar es la intensidad de los conflictos. El número de heridos ha retomado una tendencia creciente y las personas fallecidas en protestas sociales ya suman 58 durante el actual gobierno.
Otro aspecto fueron los impedimentos expresos a las autoridades administrativas y funcionarios públicos para efectuar requerimientos de información o subsanaciones adicionales, sanciones para los funcionarios que no cumplan con los nuevos plazos recortados, reducción de la potestad sancionadora de la OEFA y la afectación de sus fuentes de financiamiento.
El conflicto por el proyecto minero Tía María
Sin duda, el caso Tía María marcó el periodo y generó un escenario de crispación que no se veía desde los conflictos de Congaen 2011 y Espinar en 2012.
Marlene Castillo de CooperAcción señaló que el examen técnico focalizado en el escenario del proyecto Tía María, nos permite concluir que el Ministerio de Energía y Minas no debió aprobar el Estudio de Impacto Ambiental. Southern Perú no logró absolver las observaciones críticas levantadas por la UNOPS/PNUM, ni tampoco la insuficiencia del estudio hidro-geológico.
Además de las deficiencias técnicas del Estudio de Impacto Ambiental, debió considerarse la falta de licencia social. Por otro lado, en el procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, debió tomarse en cuenta los principios del debido proceso, principalmente en la Audiencia Pública realizada en diciembre 2014 a fin de garantizar la participación de las Juntas de Usuarios de Riego, una de las principales organizaciones del Valle de Tambo.
Crónica Viva