XI Encuesta de gerentes generales. Los gerentes perciben un Estado débil que no garantiza la seguridad para el desarrollo de los negocios.
CONFLICTOS SOCIALES
Para un empresariado que considera que el crecimiento económico de los próximos cinco años dependerá de los grandes proyectos mineros, del incremento de la inversión privada y de los precios de los commodities, los conflictos sociales presentan un grave riesgo.Los empresarios miran las grandes protestas antimineras como un freno a las inversiones mineras que está teniendo más fuerza.
Las paralizaciones de Santa Ana, Conga y Tía María generaron una pérdida de US$6,271 millones en inversiones, según un estudio reciente del Instituto Peruano de Economía. El estudio también indica que el retraso en la ejecución de 15 proyectos mineros desde el 2011 por conflictos sociales y trabas burocráticas ha resultado en una pérdida de US$62,500 millones del PBI.
No obstante, los conflictos sociales no son la única causa de la caída de la inversión minera. En el mundo y en el Perú, ésta comienza a caer a partir del 2013, año en el que empiezan a reducirse los precios de los minerales. Según José Luis López, analista en conflictos sociales de la consultora Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, “en términos reales, la baja de la inversión se debe más a la caída de los precios de los commodities, lo cual es algo global. No se está invirtiendo no sólo en el Perú sino en el mundo en general”. López sostuvo que los conflictos sociales han magnificado la percepción del empresariado de que el Estado no logra viabilizar la inversión, al no ser capaz de hacer respetar el Estado de Derecho frente a grupos que usan la violencia para oponerse a proyectos como Tía María.
EXTORSIÓN Y CORRUPCIÓN
A los conflictos sociales les siguen como riesgos principales la inseguridad y la corrupción en las regiones, problemas que dificultan y vuelven incierta la inversión porque encarecen los costos de las operaciones y agregan impredictibilidad al clima de negocios.
Los casos de extorsión están afectando a los negocios tanto en el interior del país como en la capital. Éstos comenzaron a darse en el 2007 en Trujillo, según el analista de seguridad Carlos Basombrío. “Ahora, por la incompetencia del Estado, este tipo de crimen ha llegado a varios lugares del país, ya no sólo a zonas emergentes sino también a barrios ricos. Estamos ante un problema muy grave, que además está ligado al crecimiento del sicariato”, indica. En Lima han ocurrido casos de extorsión en distritos diferentes como San Juan de Lurigancho y Miraflores.
El empresariado se siente desprotegido por las autoridades porque no se han visto ejemplos concretos de una labor rápida y eficaz de parte de las fuerzas de seguridad para resolver este problema.Basombrío remarca que “la fuerza policial no está haciendo lo que debería hacer: trabajo de inteligencia y penetración de estas bandas de delincuencia. Hay mucha corrupción e involucramiento de entidades estatales en el crimen”. Las recientes facultades legislativas otorgadas en materia de seguridad buscan corregir esta falta al tener por objetivos potenciar la capacidad operativa, la organización y el régimen disciplinario de la Policía Nacional.
Existe además la percepción de que el crimen organizado es peor en el interior del país debido a sus vínculos con las autoridades locales.En el 2014 hubo tres gobernadores regionales presos: Gregorio Santos de Cajamarca, César Álvarez de Áncash y Kléver Meléndez de Pasco, acusados de corrupción. Álvarez, además, fue acusado por vínculos con el sicariato. El ex gobernador regional de Loreto Yván Vásquez Valera está prófugo tras ser acusado de colusión agravada por la fiscalía anticorrupción de esa región. Además, el Ministerio del Interior reportó sobre nexos entre el narcotráfico y al menos 12 autoridades electas en octubre y diciembre del 2014.
ELECCIONES DE TEMOR
La confianza del empresariado para invertir cayó en los últimos dos años electorales —el 2006 y el 2011—, según el índice de confianza del empresariado de APOYO Consultoría. Los resultados de la encuesta de gerentes generales confirman esta tendencia: el tercer mayor riesgo político para el empresariado es el deterioro del ambiente de negocios en el país durante la campaña electoral.
En el 2006 la confianza empresarial cayó a menos de 20 puntos y en el 2011 cayó a niveles negativos. El índice también cayó en el 2009 por la crisis financiera. ¿El desplome de ésta frente a las elecciones es un fenómeno normal en el mundo? “A nivel internacional, no es común que los indicadores de confianza empresarial se debiliten sustancialmente durante los períodos electorales”, remarca Víctor Albuquerque, socio de estudios económicos y economista jefe de APOYO Consultoría, encargado de este índice.
Según Albuquerque, el impacto sobre la confianza depende del nivel de afianzamiento de las instituciones y del modelo económico. La caída de la confianza se sustenta en los mensajes que transmiten los candidatos presidenciales durante la campaña, o en sus antecedentes como gobernantes. La participación de Ollanta Humalaen ambos procesos electorales, un candidato antisistema que durante su campaña decía querer cambiar el modelo económico, tuvo un fuerte impacto en la confianza empresarial de esos años. En el 2011, la caída fue mayor por su victoria y la incertidumbre respecto a si iba a respetar el plan de gobierno moderado que presentó antes de la segunda vuelta.
A puertas de las elecciones del 2016, los gerentes aún no tienen claro quién ocupará Palacio, algo difícil de predecir debido a la variedad de candidatos y la falta de partidos políticos consolidados. La actual desaceleración económica incrementará el riesgo de esta incertidumbre.
Fuente: Semana Económica