Investigarán propuesta que hizo el consorcio a cargo del proyecto para modificar el mismo, de manera innecesaria, pero que elevaría el costo para usuarios del proyecto.

Por unanimidad, con 97 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó crear una comisión multipartidaria para investigar el proceso de adjudicación de la concesión del proyecto de irrigación Majes-Siguas II, así como la concesión en sí misma, por presuntas irregularidades en cada una de las fases de dicha iniciativa estatal, que encargó licitar el Gobierno Regional de Arequipa a ProInversión.

En general, la objeción es por qué, si bien el proyecto fue concebido para realizarse con una inversión de US$ 148 millones, luego se elevó a US$ 550 millones (producto de 12 adendas) y ahora se pretendería incrementarlo hasta US$ 610 millones.

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La preocupación es porque el proyecto, paralizado desde fines del año pasado, podría sufrir un incremento de costos, de aprobarse los cambios en el diseño que plantea el consorcio (que integran Cosapi y Cobra) al Gobierno Regional de Arequipa, que, para el efecto, firmó un acuerdo de entendimiento con el concesionario.

La empresa plantea realizar optimizaciones a la segunda fase del proyecto, de forma que, para el transporte del agua para el riego, ya no se utilicen acueductos, como plantea el proyecto original, sino tuberías.

Ante el anuncio de esta investigación a Majes-Siguas II, el Gobierno Regional de Arequipa emitió un pronunciamiento en el que informa que no puede firmar una nueva adenda pendiente para modificar el proyecto, hasta que cuente con informes favorables de la Contraloría y el MEF.

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Durante el sustento de la moción investigadora, el congresista Justiniano Apaza objetó que, de aceptarse tales cambios (vía una adenda, la número 13), se daría un alza en el costo del proyecto (en US$ 60 millones), que se trasladaría a los futuros usuarios del mismo, a quienes cada lote o parcela, ya no costaría US$ 5,500, como se estimó antes, sino US$ 8,500. Con lo que, supuestamente, se favorecería a la agroexportación en desmedro de pequeños productores.

No obstante, el congresista Javier Velásquez (Apra), objetó que a la investigación que se abre ahora se le dé un cariz ideológico al objetarse que el diseño del proyecto promueve la agroexportación y la gran propiedad sobre la pequeña agricultura.

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Por su parte, la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) replicó que más que un tema ideológico, hay un hecho cierto, como es el incremento en el costo del proyecto sobre su costo original en más del 80%.

A su turno, la congresista Marisol Espinoza (AP) objetó que Majes-Siguas II siga el diseño de otros proyectos, como Olmos y Chavimochic, cuyas tierras se otorgan a grandes empresas en detrimento de pequeños productores.

Fuente: Gestión