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Congreso aprobó ley que reduce hasta 35% las multas laborales

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La norma corrige sanción penal para gerentes de empresas y plantea que exámenes médicos a trabajadores se realice cada 2 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer el texto sustitorio del proyecto de ley que plantea cambios a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la cual dispone que por un plazo de tres años las multas laborales aplicadas no superen el 35% del monto de las mismas. 

La propuesta de ley aprobada unificó el texto de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso y el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, en el marco de las medidas para impulsar la economía. Ahora corresponde al Gobierno promulgar la autógrafa de ley.

Asimismo, la norma aprobada plantea que el límite de 35% para las multas laborales no se aplicará a las infracciones muy graves ni a las referidas a la contravención de protección del trabajo de niños y adolescentes. 

“En lo referido a temas de responsabilidad penal, se corrige la situación en la cual el gerente de una empresa puede ser procesado penalmente, y hasta ser castigado con seis años de cárcel, en caso de que en una inspección laboral se detecte a un obrero sin su respectivo casco de seguridad”, explicó Carlos Tubino, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad del Congreso.

Dijo que antes de proceder a una sanción de tipo penal, el gerente debe recibir una notificación previa de llamada de atención por parte del Ministerio de Trabajo.

Además se estableció que los exámenes médicos a los trabajadores se realizarán cada dos años, pero las empresas que tienen actividades de alto riesgo están obligadas a aplicar exámenes médicos al ingreso del trabajador, durante su desempeño y a la salida del personal.

“También se aprobó que las personas con enfermedad derivada del trabajo o producto de un accidente de trabajo no serán despedidos, si no tendrán que ser reubicados en otra área de la empresa”, comentó Tubino, para luego agregar que con la aprobación de norma se busca un punto intermedio en donde no se afecta al empleador ni al trabajador.

 La República

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