Foto: Internet
Este martes la Comisión Permanente del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley N° 851, que eliminará el pago por concepto de afianzamiento de seguridad energética en las tarifas eléctricas.
Con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que elimina el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), y deja sin efecto el cargo por sistema de seguridad energética en hidrocarburos (SISE) y la tarifa regulada de seguridad (TRS).
“Los peruanos hemos estado pagando un fondo que oscila entre los S/2 y S/3 para el proyecto de Gasoducto Sur Peruano”, afirmó la congresista Lourdes Alcorta. En esa línea, el decreto contempla la devolución de los pagos efectuados para el financiamiento de dicho proyecto.
Se estima que al menos US$130 millones, de los US$930 millones requeridos para garantizar el inicio de operaciones del gasoducto en el 2019, ya habrían sido recaudados, según informaron fuentes del sector a El Comercio.
El Poder Ejecutivo, responsable de la devolución, será quien inicie las medidas administrativas y judiciales para cautelar los intereses del Estado. “En un plazo no mayor de 150 días calendarios el Poder Ejecutivo emitirá el reglamento y los dispositivos permanentes”, señala el dictamen.
Con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que elimina el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), y deja sin efecto el cargo por sistema de seguridad energética en hidrocarburos (SISE) y la tarifa regulada de seguridad (TRS).
“Los peruanos hemos estado pagando un fondo que oscila entre los S/2 y S/3 para el proyecto de Gasoducto Sur Peruano”, afirmó la congresista Lourdes Alcorta. En esa línea, el decreto contempla la devolución de los pagos efectuados para el financiamiento de dicho proyecto.
Se estima que al menos US$130 millones, de los US$930 millones requeridos para garantizar el inicio de operaciones del gasoducto en el 2019, ya habrían sido recaudados, según informaron fuentes del sector a El Comercio.
El Poder Ejecutivo, responsable de la devolución, será quien inicie las medidas administrativas y judiciales para cautelar los intereses del Estado. “En un plazo no mayor de 150 días calendarios el Poder Ejecutivo emitirá el reglamento y los dispositivos permanentes”, señala el dictamen.
“Lo que él ha dicho es que hay un montón de obras que están también sujetas a este tipo de fideicomisos. Creo que él tiene razón”, sostuvo, tras indicar que trabajará una propuesta relacionado a este punto. “Vamos a presentar un proyecto de ley para que esto nunca más vaya en ningún otra recibo, en ninguna adenda, en ninguna otra parte”, dijo.
El proyecto podría ser aprobado por el Ejecutivo en un máximo de 48 horas, adelantó Alcorta.
Fuente: El Comercio