El Congreso de la República no cuenta con una Oficina de Control Institucional (OCI), a diferencia de las entidades públicas. El OCI fiscaliza la ejecución del presupuesto asignado y especialmente las contrataciones de los organismos estatales, de acuerdo con las disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR).

En consecuencia, el Congreso carece de un organismo fiscalizador. Cuenta con Auditor General, pero es parte de los procesos de compra.

El integrante de la Mesa Directiva del Congreso, Richard Acuña Núñez, confirmó a La República que no existe una OCI y que para el caso de la investigación de la adquisición de 980 computadoras por 5 millones de soles, la Contraloría ha tenido que designar una comisión especial y temporal para auditar la contratación.

“Cuando asumimos la gestión (en julio de 2016), la nueva Mesa Directiva acordó solicitar al contralor general de la República (Edgar Alarcón) que nos envíe una persona al Congreso para hacer las coordinaciones. Sé que hubo conversaciones, pero no se concretó nada. Esperamos que en los próximos días lleguemos a un acuerdo a favor de la transparencia”, dijo Acuña.

Por el momento, el Congreso se investiga a sí mismo.

“Nosotros nos manejamos con base en una auditoría interna. Las compras y contrataciones se manejan con auditoría interna que forma parte de los procesos que se llevan en el Congreso”, afirmó Acuña.

La cuestionada compra por parte del Parlamento de las 980 computadoras se hizo mediante la modalidad de “Acuerdo Marco”, que según en el experto y consultor en contrataciones del Estado, Pablo Neira Aguirre, es una coladera para actos de corrupción.

Según esta fórmula, las entidades escogen a un proveedor en el Catálogo Electrónico –que es elaborado por la entidad Perú Compras–, como lo hizo el Congreso al elegir a la empresa Grupo Coresol para adquirir computadoras. El Ministerio de Educación también compró equipos informáticos con la misma modalidad. Luego se descubrió que hubo desvío de fondos públicos.

Coladera corrupta

“La corrupción se ha trasladado al Catálogo Electrónico. Aparecen empresas ‘fantasmas’ que no tienen solvencia. Nadie acredita que ese catálogo –al que ahora todos los organismos del Estado recurren– se haya diseñado como debería ser. Ahora vemos que una empresa que no tiene solvencia le ha vendido computadoras al Congreso”, expresó Pablo Neira.

La República reveló que la empresa a la que el Congreso compró 980 computadoras no tiene movimientos bancarios ni financieros, su sede se encuentra en el pueblo joven Monserrate, en Trujillo, en cuyo local no trabajaba nadie, y que el precio que ofertó es en promedio S/ 1,800 superior respecto a las mismas máquinas que se venden en Lima.

Para el consultor Pablo Neira, que una empresa aparezca en un Catálogo Electrónico oficial, no significa que no se la deba fiscalizar.

“Para que una empresa sea tu proveedor y te venda computadoras, tiene que tener credibilidad y solvencia económica. El Estado debe comprarle al mejor vendedor del país, al que le venda la mejor máquina al mejor precio posible, al que ofrezca la mayor relación entre calidad y precio. ¿Qué empresa compra al señor de la esquina?”, señaló Neira.

“Escuché al Oficial Mayor, José Cevasco, decir que el Congreso compró a través del Catálogo Electrónico y con eso se acabó el problema. ¿Dónde quedan los intereses del Estado? ¿Quién veló por la rentabilidad del dinero? Supongamos que la compra fue transparente. ¿Están seguros de que han comprado las mejores computadoras? Te aseguro que no. Y esta simplificación para las compras de las entidades públicas es una puerta abierta a la corrupción”, afirmó Pablo Neira.

De hecho, el especialista recomendó que se suspendan las compras y contrataciones mediante la fórmula del Convenio Marco.

La comisión especial de la Contraloría no solo investigará el caso de las compras de las 980 computadoras y las canastas navideñas sino también las que se hicieron mediante la modalidad de “Convenio Marco”, además de todas las adquisiciones que se han ejecutado aplicando dicha fórmula. Habrá mucho más que una sorpresa.

El auditor de Luz Salgado

A propuesta de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, fue designado como auditor general del Parlamento el contador Manuel Lucero Álvarez.
En 2002, el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investigó la presunta malversación de fondos en la compra de un radar para el aeropuerto Jorge Chávez, en 1996, durante el régimen de Aberto Fujimori, incluyó como supuesto responsable a Lucero.

 

La República