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A partir del sábado 21 de enero, según anunció la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), se eliminará la posibilidad de que las entidades financieras del país puedan cobrar comisiones por el conteo de billetes y monedas de baja denominación.

Según especificó la SBS, dichos cobros quedarán prohibidos para cualquier operación de recepción o gestión de billetes y monedas tales como el conteo, centralización, verificación, transporte, custodia en bóveda, entre otros. Con esta, ya son 19 las comisiones prohibidas por la entidad reguladora.

PROCEDIMIENTO
Mariela Zaldivar, experta de la SBS, precisó a El Comercio que la entidad realizó una evaluación técnica para analizar si la comisión por conteo se ajustaba a los criterios por los cuales fue permitida en primer lugar.

No obstante, según mencionó la experta, se consideró que el conteo de billetes no podía ser visto como un servicio adicional, puesto que la responsabilidad del conteo es exclusiva de las entidades financieras y la acción no debe afectar de ninguna forma al ciudadano. En ese sentido, se consideró que este pago sí ocasinaba malestares.

Además, la SBS resaltó que las entidades del sistema financiero disponen de equipos automatizados que realizan la labor del conteo, lo que les permite reducir significativamente los costos de esta actividad.

CUESTIONADA COMISIÓN
En una circular de la SBS, que data del 2013, se señaló que las entidades financieras tenían la potestad de escoger libremente la tarifa que cobren por las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas y pasivas y servicios; con la condición de que estas deben ser correctamente difundidas a los usuarios.

En el caso del cobro por conteo de billetes y monedas -comisión que está en proceso a ser eliminada-, la operación se suma a otros 18 cargos prohibidos por la SBS, que vienen siendo precisados desde el 2006. En esa línea, la Superintendencia puntualizó que continuarán evaluando permanentemente el mercado financiero para eliminar cobros que no se ajusten y que puedan perjudicar a la ciudadanía.

 

El Comercio