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CRÓNICA. Bagua, seis años después

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El 5 de junio del 2009 murieron 33 personas –23 policías y 10 civiles– en un enfrentamiento que pretendía desbloquear la carretera Fernando Belaunde Terry, tomada por pobladores indígenas durante más de 50 días. Han pasado seis años de este trágico hecho, pero nuevamente las dirigencias nativas reclaman que no fueron consideradas al dar leyes sobre el territorio que habitan.

Merino Trigoso, ex alcalde de Condorcanqui –uno de los acusados por el caso de la Curva del Diablo– asegura que luchará por su territorio, pues para él y otros indígenas que participaron en el denominado ‘baguazo’ el Estado todavía los excluye.

AVANCES Y RETROCESOS

Tras los sucesos, el Estado hizo muchas promesas. La ley de consulta previa fue una de ellas, pero fue aprobada dos años después. ¿Cuánto se avanzó luego de promulgarse esta norma?

El jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez Velásquez, dice que ya se han llevado a cabo 10 procesos de consulta, que van desde reservas comunales hasta una nueva ley forestal. “El Estado y los pueblos indígenas se han puesto de acuerdo”, indica. El problema es que ninguno de los decretos supremos que oficializa estos acuerdos ha sido emitido.

Por otro lado, existen leyes cuestionadas por los indígenas, las cuales no les fueron comunicadas. Es el caso de las leyes 30230 y 30327 que, según dice el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo, no defienden a la población indígena. Para la Defensoría del Pueblo, estas leyes debieron ser sometidas a consulta previa.

Respecto de la Ley 30327, la defensoría sostiene que contiene disposiciones que, de no ser precisadas, pondrían en riesgo los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio. Mientras que, sobre la Ley 30230, han expresado su preocupación por posibles interpretaciones erróneas, especialmente en lo que se refiere a los procedimientos para facilitar el saneamiento de predios vinculados con proyectos de inversión.

Estas normas obtuvieron la opinión favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, cuyos integrantes aseguran haber difundido la norma entre las dirigencias indígenas. El presidente de esta comisión, Federico Pariona, asegura que las comunidades no serán afectadas por estas normas, cuyo fin es promover inversiones. Además propuso declarar de necesidad pública la titulación de las comunidades para acelerar este proceso.

Pero aún así va materializándose una nueva protesta. “En  el 2009, evaluamos los decretos con el apoyo de varios analistas. Como afectaban al pueblo indígena, salimos a protestar”, dice el líder Santiago Manuín. Ahora conversan sobre la posibilidad de retomar sus reclamos.

El Comercio

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