Silvia Rumiche Rochabrún (Foto: la República)
Piura
En un 27% han aumentado las denuncias por contaminación y delitos contra el medio ambiente en la Fiscalía Especializada en esta materia en el distrito fiscal de Piura. En el año 2013 se presentaron 194 denuncias, mientras que este año ya van 251 los casos quejados ante la Fiscalía, lo que representa un incremento de 57 acusaciones.
Según la fiscal especializada, Silvia Rumiche Rochabrún, el aumento se debería a una mayor conciencia de la población con respecto a los casos que se deben denunciar y que podrían ser materia de una investigación administrativa o penal, sin embrago muchos denunciantes no continúan el proceso iniciado y tras presentar la denuncia, se niegan a ofrecer información y no colaboran con la autoridad.
Los casos corresponden a cinco provincias de la región: Piura, Huancabamba, Morropón, Sechura y Paita, cubriendo especialmente los casos de minería informal en los distritos de Tambogrande y Las Lomas.
La mayor cantidad de quejas se dan por la tala de especias forestales, pero dichas quejas están ligadas a la propiedad de terrenos. “Las intervenciones de la Fiscalía se dan a través de la policía especializada o directamente en el despacho fiscal. En caso de la tala de especies forestales a veces las denuncias tienen que ver con terrenos agrícolas, pero solo vemos los casos ligados a los bosques y los recursos naturales”, comentó la fiscal.
El segundo lugar en incidencia de denuncias son las quejas por contaminación de ríos, aire, y tierras.
“Muchas veces los intereses económicos priman por encima del tema ambiental, pero esperamos que realmente el Estado siga dando muestras de que le interesa el tema, pues las políticas deben ser iguales y no privilegiar unos intereses por encima de otros”, comentó la representante del Ministerio Público.
CAMBIO CLIMÁTICO
Rumiche se animó a opinar sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, indicando que no será efectiva si no se da un compromiso real de los Estados y la sociedad.
“No es cuestión de firmar un documento o ratificar convenios, todo depende del real compromiso de actuar en el marco de las políticas ambientales nacionales, de cómo actúan los funcionarios y la sociedad civil”, comentó la fiscal Silvia Rumiche Rochabrún.
La República