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Desde Londres: Perforando en la selva peruana

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Foto referencial
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LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS PUEDE COEXISTIR CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA SELVA.

Los pasajeros que llegan en el único vuelo diario a la planta de procesamiento de gas Las Malvinas en la parte baja del río Urubamba en el Perú son llevados a una sala de espera donde les muestran un video. Este contiene una larga lista de cosas que los 600 trabajadores permanentes del proyecto de gas de Camisea no deben hacer, incluyendo la prohibición de llevar comida y tener contacto con los pueblos indígenas de la selva circundante. Para tomar el vuelo, que es contratado por Pluspetrol, la empresa argentina que opera la concesión de gas, los pasajeros deben tener un pase médico emitido solo después de haber sido vacunados contra la gripe y la fiebre amarilla.

Camisea es la fuente más importante de energía del Perú, extrayendo 1,600 millones de pies cúbicos de gas por día. El gas del lote 88 de Camisea, que cuenta con las mayores reservas probables en la Amazonía peruana, se vende a un precio regulado de US$ 1.80 a US$ 3.30 por millón de unidades térmicas británicas (BTU), lo que ha ayudado a impulsar el notable crecimiento económico del Perú en los últimos doce años.

Pero la mayor parte del lote se encuentra en la reserva Kugapakori Nahua Nanti, creada por el Gobierno en 1990 para proteger a los indígenas que han evitado tener contacto con el mundo exterior. Pluspetrol ha diseñado planes para realizar pruebas sísmicas y desarrollar seis nuevos pozos en el lote. Las ONG extranjeras como Survival International acusan a Pluspetrol y al Gobierno de amenazar la supervivencia de estas tribus aisladas.

Sin embargo, Camisea se ha convertido en una prueba de si la explotación de hidrocarburos puede coexistir con entornos frágiles y pueblos nativos. “Camisea es un punto clave en el tema del medio ambiente global”, admite Germán Jiménez, gerente de Pluspetrol en el Perú. En particular, podría ser un modelo para el Ecuador, que hace poco acordó permitir la exploración de petróleo en el Parque Nacional Yasuní.

Las ONG citan un antecedente oscuro: Cuando Shell comenzó a explorar Camisea en la década de 1980, se construyó un camino de acceso que fue utilizado por madereros ilegales, que esclavizaron a indígenas Nahua en aislamiento; 300 de ellos murieron a causa de enfermedades.

No obstante, se han aprendido las lecciones de esa tragedia. El proyecto Camisea ha sido desarrollado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estableció rigurosas salvaguardias ambientales. Pluspetrol utiliza un método de “alta mar interior” para desarrollar el yacimiento, algo así como si la selva fuera un océano. No hay caminos en el lote 88: el acceso es por helicóptero. La perforación horizontal minimiza los trabajos visibles en la superficie. Cada uno de los cinco pozos es más pequeño que un par de campos de fútbol; están rodeados por una densa selva.

Un proyecto, financiado por la empresa pero administrado por una ONG, da empleo a un pequeño grupo de indígenas como monitores ambientales. Cristóbal Rivas, un indígena Machiguenga que es el presidente del proyecto, dice que han investigado pequeñas fugas de gasóleo, pero que en 11 años no ha habido un grave impacto en la selva.

El Gobierno ha impuesto condiciones a la ampliación del proyecto, prohibiendo las pruebas sísmicas en la zona noroeste del lote, donde hay reportes no confirmados de visitas a los riachuelos por parte de indígenas nómadas Pukirieri. Pluspetrol pagará US$ 5,800 millones como fondo de compensación para los 850 indígenas que viven en la reserva.

Contando a los desconocidos

Esto incluye cerca de 90 indígenas Machiguenga que se cree que viven en contacto inicial dentro de la parte del lote 88 que se encuentra en la reserva.

James Anaya, relator especial de la ONU sobre los derechos indígenas, emitió el mes pasado un informe ampliamente favorable al proyecto de expansión de Camisea. Sin embargo, dio cuenta de que la información oficial sobre los indígenas en la reserva estaba “desactualizada e incompleta”, por lo que instó al Gobierno a completar un estudio de quiénes podrían estar viviendo en el lote.

El Gobierno está cumpliendo de forma rápida con ambos pedidos antes de que se inicien los trabajos de ampliación en junio. Algunos indígenas esperan con ansias que comiencen estos trabajos. Tal es el caso de José Dispupidiwa Waxi, líder de los 470 indígenas Nahua en el norte de la reserva, quienes se encuentran en situación de “contacto inicial”. El contacto inicial incluye viajes a Washington DC, en donde Dispupidiwa Waxi estuvo hace poco para denunciar a las ONG que quieren impedir la expansión. La comunidad Nahua es una de las beneficiarias del fondo de compensación, que piensan usar para construir más aulas y contratar servicios de salud.

Camisea ha cambiado la vida de la gente del bajo Urubamba. “Las comunidades se olvidan de sus costumbres tradicionales”, dice Mary Luz Trigoso, parte del grupo de monitores Machiguenga. “Lo positivo es que hay trabajo, los niños pueden ir a la escuela y hay servicios de salud”. Los principales reclamos se dirigen a los gobiernos locales y regionales, que reciben la mitad de las regalías de Camisea; y sin embargo todo lo que se ha hecho por la principal comunidad Machiguenga es una escuela secundaria sin terminar y un lodazal de 500 metros que sirve como calle principal.

Para el Perú, son evidentes los beneficios de tener gas más barato gracias a Camisea. Pero cómo sopesarlos con el derecho de los pueblos indígenas a vivir su vida en la manera que ellos elijan es una pregunta difícil de responder, pero no imposible. “No se puede volver atrás, nos guste o no. La historia ha tomado su rumbo y la gente también”, dice Patricia Balbuena, viceministra encargada de los pueblos indígenas. “Tenemos que respetar y acompañar su proceso. No les podemos decir, ‘Tú no sabes lo que quieres’. La tutela no es algo positivo”.

© The Economist Newspaper Ltd,
London, 2014

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