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El director de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, Miguel del Carmen Rodríguez, expuso en declaraciones para ProActivo cuál es la posición de su institución respecto a las protestas de los mineros informales que claman por una nueva política de formalización, la aprobación del proyecto de ley N° 3831 del congresista Amado Romero y amenazan con la realización de un paro general para el próximo 9 de mayo.
Director de la DREM Puno al medio, junto a funcionarios regionales
“Un problema de fondo que complica la posibilidad de formalización de más de 10 mil mineros en Puno es que no hay celeridad por parte del gobierno central, específicamente en la Dirección General de Formalización Minera (a cargo del MINEM) para la aprobación de las declaraciones de compromiso modificadas”, cuestionó el funcionario, quien considera que Puno no es la única región afectada por el problema.
“Hemos conversado con funcionarios de regiones como Arequipa y Apurímac que también manifiestan su insatisfacción, entonces lo que exigimos es que el procesamiento y tramitación de las declaraciones de compromiso de formalización se descentralicen para acabar con el caos social y con las cifras ínfimas de mineros formalizados”, manifestó.
Rodríguez mencionó que la región envía a las declaraciones de compromiso con las modificaciones y areglos correspondientes a la Dirección General de Formalización Minera, sin embargo, esta no actúa con celeridad para aprobar la documentación. “Queremos mayor autonomía para resolver estos temas sin dejar de informar al Ejecutivo”, añadió.
Cabe señalar que las cifras de la DREM de Puno demuestran un lento avance: hasta el 2015, solo 20 empresas se formalizaron, 3 están a punto de lograrlo; y pese a que hay más de 40 en espera, se torna difícil legalizar a 10,600 mineros a corto o mediano plazo.
“Esperamos que el 19 de abril, cuando venza el plazo del proceso de formalización, no solo se amplíe el periodo, sino que se concreten cambios drásticos en la normativa legal correspondiente para hacer más eficaz la labor gubernamental”, añadió.
Crítica a la estrategia de interdicciones
También abordó el ítem de los procesos de interdicción que la PCM ejecuta en diversas zonas, como Ancocala, del distrito de Cuyo Cuyo, provincia de Sandia, donde cientos de mineros renuentes a presentar la documentación necesaria para la formalidad, hicieron retroceder a la policía en una batalla campal que tras 24 horas, felizmente, término con éxito el pasado jueves.
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“La PCM no está trabajando en estrecha coordinación con la DREM para ejecutar las interdicciones. Solo proporcionamos información técnica en la etapa previa de los operativos, pero no hay una relación de colaboración clara. (…) Por ejemplo, se argumenta que el Ejecutivo no nos proporciona la información requerida por la desconfianza en que desde la región se filtre información a los mineros y esto debe cambiar”, apuntó Rodríguez al respecto.
Finalmente, aseguró que la preocupante realidad de la salida ilegal de más de 100 kilos mensuales de oro a través de diversos puntos de la frontera con Bolivia como Desaguadero y la selva de Madre de Dios se debe al mencionado estancamiento de los procesos de formalización y a un desentendimiento en cuanto a las autorizaciones del saneamiento del terreno superficial entre el concesionario y las poblaciones.
“En ciertos casos, las comunidades mineras y en otras los concesionarios tienen la responsabilidad por falta de flexibilidad y terquedad para estipular los porcentajes de ganancia”, concluyó.
Datos: La Central de Cooperativas Mineras del Centro Poblado de la Rinconada anunció esta semana un paro nacional de mineros informales para el 9 de mayo, principalmente, por el rechazo al proceso de formalización del gobierno y plantea derogar todo el marco legal que estableció el Ejecutivo desde el 2012 para la formalización.
El alcalde de Puno Juan Luque viajó esta mañana a la provincia de Sandia en la búsqueda de soluciones al álgido problema, según lo comunicado por su despacho regional.