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Ejecutivo daría de baja definitiva a Doe Run

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El valor de Doe Run descendería a US$175,1 millones en un escenario de menores precios y legislación ambiental poco amigable.(Foto referencial: Archivo El Comercio)
(Foto referencial: Archivo El Comercio)

Luego de marchas y contramarchas, el Ejecutivo habría decidido, en su interín, darle de baja a Doe Run Perú (DRP) para que sea liquidado ordinariamente, con lo cual los dos principales activos como son el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza serían vendidos por separado.

Adicionalmente, la liquidación originaría el cese colectivo e inmediato de 2.400 trabajadores tanto del CMLO como de Cobriza, lo cual podría desencadenar una vez más convulsión social en La Oroya.
En conversación con La República, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, descartó, en primer lugar, que las reglas ambientales exigidas para reactivar La Oroya hayan sido el factor determinante para que hasta la fecha no se hayan presentado postores, oficialmente.
El titular del Minam explicó que los verdaderos motivos pasan por que el CMLO “es una planta obsoleta y los niveles de inversión son altísimos“.
En segundo lugar, refirió que el bajo precio de los metales a nivel internacional, así como los pasivos (de corte ambiental, social y laboral), no despiertan interés del inversor privado.
Un hecho que resaltó Pulgar-Vidal es que, aunque se ponga el estándar ambiental más flexible en la historia de la humanidad, el circuito de cobre no lo cumpliría.
“No hay estándar ambiental que permita adecuar esta regla a la situación de obsolescencia de la planta. Profit (anterior liquidador) lo intentó y no hubo ningún postor. Dirige (actual liquidador) está haciendo una evaluación real y viendo que por esas cuatro condiciones lo único que va a quedar, porque además se le vence el plazo, es una liquidación definitiva. No pareciera existir alternativa”, manifestó.

Voluntad política

Consultado sobre si existe voluntad política de este gobierno para solucionar el problema en La Oroya, el ministro manifestó que existen acreedores quienes son los llamados a tomar una decisión, la cual pasará fundamentalmente por un análisis comercial.
“Eso no significa que el Estado no deba ver cómo puede entrar a lo que es una reconversión laboral de aquellos trabajadores que se quedarían sin empleo. Hay que pagarles sus derechos y mirar cómo trabajar en La Oroya una alternativa que permita la generación de ingresos económicos”, anotó.

Desacuerdo y huelga

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y denunciaron que el gobierno pretende imponer la liquidación simple al haber fracasado rotundamente en reactivar el CMLO y paralizar Cobriza.
En respuesta a las declaraciones del titular del Minam,  los acreedores laborales (que tienen el 7,1% de las acreencias) señalaron que materializarán su rechazo con una huelga indefinida que se iniciará el sábado 13 de febrero.
Asimismo, ante la agenda de la junta que se ha convocado para hoy, exigieron al gobierno que aclare cuál es el proyecto de convenio de liquidación, y si este resguardará los derechos sociolaborales.
Advirtieron que finalmente la liquidación simple dependerá del voto de Doe Run Cayman, en caso no vote a favor.
“La agonía se prolonga para marzo luego de que Indecopi emita una resolución declarando la liquidación y convocando a una junta única en donde la decisión será con el 50% de los votos más uno”, explicó una fuente de los trabajadores.

En la PCM, DRP estaría oleado y sacramentado

El pasado fin de semana trascendió que en los pasillos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la liquidación simple de los activos de Doe Run ya tendría venia, advirtió una fuente bien informada del sector.
Este hecho estaría siendo reforzado con la agenda de la convocatoria de la junta de acreedores para hoy martes 9 y el jueves 11 de febrero, pues no se pone en debate la reestructuración, pero sí la aprobación y suscripción del convenio de liquidación.
Toda esta situación se genera en un contexto en donde esta semana llegarían al país las dos posibles (de EEUU y Australia) empresas interesadas en los activos de DRP, que expondrían sus condiciones y lo que ofrecerían para reactivar La Oroya.

En cifras

60 mil familias se verían afectadas con el cese colectivo de la masa laboral de Doe Run.
28,7% de acreencias tiene Doe Run Cayman.
La República.
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