Territorios son habitados por unas 20 mil personas que consumen agua contaminada por falta de tratamiento y presencia de hidrocarburos.
Esta norma es parte de los resultados de 2 años de mesas de diálogo con las comunidades indígenas que agrupan a cerca de 20 mil personas, según la plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).
El decreto se aprueba meses después de haber declarado en emergencia ambiental a tres de estos ríos (Pastaza, Corrientes y Tigre). Esto provocó que se tomen muestras y examinen las zonas, lo que llevó a evidenciar “la carencia de sistemas de abastecimiento de agua apta para el consumo humano”, como cita el documento publicado en el diario oficial “El Peruano”.
Además, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud informaron que el agua de las cuatro cuencas en emergencia sanitaria superan los niveles permitidos para el consumo humano, lo que ha provocado enfermedades diarreicas agudas en la población. “Esto representa un riesgo elevado para la salud y la vida”, mencionan en el decreto.
Como acción inmediata, el Ejecutivo ordenó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la instalación de módulos de tratamiento de agua para el consumo humano que de manera provisional ofrezcan un mejor acceso al agua para estos pueblos.
Origen de la contaminación
Para los representantes indígenas de estas cuencas, la declaración de emergencia sanitaria es un buen primer paso, pero no es suficiente para evitar el riesgo a la salud de sus comunidades.
Aurelio Chino, apu indígena y presidente de las localidades que rodean el río Pastaza, señaló a El Comercio que el Ministerio de Salud debería hacerles exámenes toxicológicos para verificar el grado de contaminación de la población.
“Queremos saber cómo está nuestra sangre. Tantos años estamos tomando agua con metales pesados que no sabemos cuánto viviremos”, dijo.
El dirigente enfatiza que la causa de esta contaminación es la actividad petrolera en la zona, llevada a cabo por la empresa Pluspetrol Norte.
Ante esto, el Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que aunque las declaratorias de emergencia no determinan las causas, las entidades que examinaron previamente el área resolvieron que el riesgo sanitario se debe a la presencia de hidrocarburos y la falta de tratamiento de residuos.
“El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó sobre la presencia evidente de hidrocarburos en los suelos. Sobre la calidad del agua para el consumo humano, se demostró que hay contaminación fecal, producto de la falta de sistema de tratamiento de agua. Además, en las aguas superficiales se hallaron hidrocarburos”, precisaron especialistas del Minam.
Wendy Pineda, asesora de la plataforma indígena Puinamudt, dijo que pese a que el Estado aún no responsabiliza de esta contaminación directamente a la petrolera, en la declaración de emergencia ambiental del río Pastaza se indicó que este riesgo “estaría asociado al impacto de la actividad de hidrocarburos en la zona”.
ANTECEDENTES
4/2/2014
Pluspetrol Norte denuncia un corte con sierra en el oleoducto del lote 8, lo que derramó 140 barriles de crudo de petróleo sobre la superficie. Esto ocurrió en el km 53 del oleoducto Corrientes-Saramuro.
27/4/2014
Luego de tres días de diálogo, los miembros de la comunidad nativa José Olaya aceptan abrir las vías hacia las zonas de producción del lote 1AB, que opera Pluspetrol en la cuenca del río Corrientes. La comunidad reclamaba una compensación por el uso de sus tierras.
El Comercio