Ventanillas para formalizar a minerosLa Sunat señaló que el plazo para que mineros informales se acojan al RUC es el 9 de octubre. El Minam señala que espera que siga la interdicción.

Hasta la primera quincena de agosto último, el 44% de los pequeños mineros que cuentan con Registro Único de Contribuyentes (RUC), es decir, 26,777 personas -de un total de 60,918 que tienen RUC- han iniciado su proceso de saneamiento como parte de la formalización de su actividad, según informó la Sunat.

Vale recordar que 70,858 de esos pequeños mineros (de entre 100 mil a 500 mil informales que habría en total en el país) habían presentado su declaración de compromiso e iniciaron el proceso de formalización y están en la etapa de saneamiento, cuyo plazo es el 2016.

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El proceso de saneamiento incluía seis pasos: acreditar titularidad, contratos de cesión, acuerdos de explotación de concesiones mineras, acreditación de propiedad o autorización de uso de terreno superficial, licencia de uso de aguas y aprobación de Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC).

Plazo inmediato

La Sunat advirtió que todas las personas que realicen actividades mineras (pequeños mineros y artesanales) tienen plazo para inscribirse de manera gratuita en el RUC, hasta el próximo 9 de octubre.

Precisó que esta gestión forma parte de la estrategia de saneamiento de esa actividad, según norma que dispone que los mineros serán considerados formales solo si están inscritos en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, a cargo del MEM, y cuentan con RUC vigente.

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Si las personas que realizan esa actividad no se registran en el plazo establecido, no podrán continuar con el proceso de saneamiento, y tampoco contarán con autorización para seguir operando.

Minam Por su parte, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar- Vidal, afirmó que si bien la minería ilegal requiere seguir activando los procesos de saneamiento, también se necesita seguir realizando la interdicción, y que espera que se actúe con la misma energía que hasta ahora.

Añadió que esa es la única manera de señalar que el Estado no transa con aquellos operadores que están en zonas prohibidas.

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