Por: Guillermo Vidalón del Pino
La viabilidad social de cualquier proyecto -minero u otros- está determinada en función a la prospectiva, a la visión de futuro que deben tener las autoridades del Estado, son ellas las que cuentan con mayores elementos de juicio que el ciudadano de a pie. Y, finalmente, serán ellas las que administrarán los recursos que se generen como consecuencia del desarrollo -por ejemplo- de una mina.
¿Por qué las autoridades tienen que tener esta mirada hacia el futuro? Porque es hacia ellas a quienes se dirige la demanda social y porque es función del Estado el administrar la conflictividad social. ¿De qué debemos ser conscientes? De que el Estado no es un ente que por sí mismo produce y genera bienestar, es una institución que regula y arbitra las relaciones entre las personas que habitamos en un espacio geográfico determinado, pero sus servicios tienen que ser sufragados por los ciudadanos contribuyentes.
En ese sentido, las autoridades son las responsables de que el Estado, en cualquiera de sus instancias, facilite los emprendimientos orientados a elevar la competitividad y la productividad de todas las actividades económicas. Un Estado que promueve la expansión de su Producto Bruto Interno es un Estado que cuenta con mayores recursos para proveer servicios básicos de calidad. Es así como se financia la administración de justicia, la seguridad interna y externa, los servicios de salud y educación, la construcción de infraestructura, etc., todo lo cual genera sinergias positivas porque fortalece el entramado social –como consecuencia de los intercambios económicos que se producen- y la sensación de satisfacción también se incrementa, disminuyendo los niveles de conflictividad social.
¿Qué es lo que sucede en la actualidad en el entorno de los proyectos mineros? Generalmente, están habitados por una población de bajos ingresos económicos, carente de servicios básicos y, si dispone de ellos, éstos tienen niveles de calidad inferiores a los que se accede en las ciudades. En el caso de estas poblaciones, al Estado se le presenta la oportunidad de disponer de mayores recursos económicos en el corto plazo, los cuales -debidamente empleados- pueden contribuir significativamente a cerrar las brechas de los servicios sociales, favoreciendo las competencias y capacidades de las generaciones futuras, evitando o disminuyendo significativamente la pobreza intergeneracional.
De esta manera, para el Estado ausente, el desarrollo de proyectos mineros se convierte en una oportunidad que otorga viabilidad presente y futura para las poblaciones próximas a los proyectos. En ese sentido, es el Estado quien en función a sus mayores potencialidades tiene que asumir la labor pedagógica y de persuasión de todo aquello que se puede hacer y alcanzar como producto de la transformación del capital natural en capital económico.
En consecuencia, la viabilidad social de un proyecto tiene que ser consensuada al interior del Estado nacional y, posteriormente, liderada en los procesos de negociación de los intereses de los pobladores del entorno a los yacimientos. El Estado tiene que ser el operador de la viabilidad social porque es el ente permanente que representa al conjunto de la Nación. Lo contrario es aceptar y reforzar la vigencia de un archipiélago social con energías centrífugas que terminarán por desmembrar el Estado unitario en función a intereses estrictamente particulares, tal como suele suceder en los casos del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales, donde no existe contribución para el fortalecimiento de las capacidades locales y menos para el Estado Nación.