Por: Enrique Quiroga Carmona
(Foto: La República)
Decepcionante lo sucedido en el Congreso de la República en relación con la aprobación de la norma legal que permite a Petroperú explotar el Lote 192. Es en este escenario, que se han hecho evidentes los afanes electoreros con miras al 2016, que se han ubicado por encima de los intereses del Perú. La iniciativa de esta norma aprobada por el Congreso, que apuntalaron casi desde su inicio algunos de los más importantes miembros del partido de gobierno, ha contado con el sorprendente apoyo de algunas de las bancadas, que siempre han sido notoriamente opuestas al favorecimiento de la actividad empresarial del Estado, salvo cuando este deba hacerlo, dentro del rol subsidiario que le asigna nuestra Constitución vigente.
Notorio y sorprendente en particular el caso de los citados congresistas del nacionalismo, quienes no han tenido el menor reparo en darle la espalda a la pareja presidencial, a quienes hasta hace pocos días eran incondicionales, y oponerse al premier y a la ministra de Energía y Minas que asistieron al Congreso, para enfrentar tal iniciativa, que afecta el contrato suscrito con una empresa canadiense. La citada iniciativa se ha producido, aprovechando el descontento absolutamente justificable de los pobladores de Loreto por su situación económica desmejorada, y en la esperanza de que la explotación del Lote 192 por dicha empresa del Estado, pueda mejorarla.
Esta apuesta política es sumamente grave, porque las consecuencias, de promulgarse esta norma, serian extremadamente perniciosas para el Perú, por el mensaje de riesgo que nuestro país les estaría dando a los inversionistas extranjeros; que en nuestro país no se respetan los contratos, ni nuestra Constitución. Y cuidado que está de por medio nada menos que la financiación de la refinería de Talara, también a cargo de Petroperú, lo que supone una inversión no menor a los 3,000 millones de dólares, la que se estaría irresponsablemente poniendo en peligro.
Como se viene sosteniendo y con razón, el texto legal aprobado que permite tal posibilidad es inconstitucional porque no se puede anular un contrato por ley, y porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y sin lugar a dudas la inversión que haría Petroperú significaría un importante egreso para el Estado -del orden de los 700 millones de dólares-; ya que la mencionada empresa no tiene ninguna capacidad económica.
El Presidente de la República tiene ahora frente a esta especial situación la oportunidad de demostrarle al país que cuando está en grave peligro nuestra estabilidad y futuro desarrollo es capaz de oponerse a que “se abra el candado” que permitiría el festín de inversiones empresariales del Estado, que solo nos puede traer desgracias. Y en consecuencia, actuar con la dimensión e integridad que corresponde a un Presidente de la República; dejándonos ese recuerdo.
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