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Embajador Miguel Castilla dio contradictorio anuncio sobre mercado de fármacos y Acuerdo TPP

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Foto: Captura de internet
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Tras reconocer que las negociaciones del Capítulo de Propiedad Intelecual, y especialmente, el tema de protección de datos de prueba de biológicos, fue uno de los temas más difíciles en el TPP, Castilla declaró que “el acuerdo final aceptado por nuestros negociadores es de ocho años de protección efectiva de mercado”.
Las declaraciones del embajador y ex ministro de Economía y Finanzas contradicen lo hasta ahora reconocido oficialmente por la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, y el presidente Ollanta Humala, quienes declararon que la protección es de cinco años y que esta se contabilizará desde el momento en el que el producto es registrado en cualquiera de los 11 países firmantes.
Castilla, junto a los embajadores y representantes diplomáticos de Canadá, Vietnam y Japón, fue más allá y reconoció que la protección por 8 años puede afectar al acceso a medicamentos, algo también hasta ahora negado por el gobierno.
“Muchos en el Congreso están preocupados, pero deben darse cuenta de que este compromiso era algo que teníamos que hacer, y esto puede tener un impacto sobre el acceso a los medicamentos en nuestro país”, justificó. “Pero nos fijamos en el acuerdo en su conjunto y estamos dispuestos a vivir con el compromiso”, dijo en el Foro “Desafíos y Oportunidades del TPP”.
En otro momento de su intervención, Castilla reiteró que el Perú otorgó ocho años de protección para estos fármacos, esenciales para el tratamiento de determinados tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes como la artritis. Al respecto, precisó que Perú trabaja en la promulgación de leyes para hacer efectiva esta protección de ocho años de exclusividad. “Tenemos que poner las regulaciones para que podamos cumplir con esos compromisos”, manifestó.
La República solicitó la versión del Ministerio de Comercio Exterior sobre las evidentes contradicciones sin que hasta el cierre de esta edición se pronunciara al respecto.
Para su entrada en vigor, el Congreso peruano debe ratificar este acuerdo, negociado a puerta cerrada durante los últimos cinco años y cuyos textos  fueron hechos públicos recién el pasado 5 de noviembre.
Fuente: La República
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