El GSP se encuentra en etapa de liquidación luego de que el Estado rescindiera el contrato. Se estima que la nueva licitación se concretará a inicios del 2018.

La firma española anunció que ha solicitado al MEM el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional para recuperar su inversión.

La firma española Enagás anunció que hoy notificó al Estado peruano que ha solicitado el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional con el objetivo de alcanzar un acuerdo amistoso sobre la controversia en relación a la inversión realizada en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) para recuperar su inversión.

Según un hecho relevante enviado por la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), la controversia se basa en la disconformidad del Estado peruano de no reconocer la cláusula 20 del contrato de concesión de GSP que establece el derecho a recuperar la inversión realizada en el proyecto.

De acuerdo a dicha cláusula, “el concedente deberá proceder a subastar la concesión en el plazo de un año de su terminación (es decir, antes del 24 de enero de 2018) y con la suma que se obtenga en la subasta el concedente deberá abonar al concesionario hasta un máximo de VCN”, añade el comunicado.

En esa línea, Enagás considera que el Estado peruano “no ha avanzado lo suficiente en los trámites necesarios para calcular el VCN y celebrar las convocatorias de las subastas”, lo que implica que las obligaciones de la cláusula 20 no se cumplirán en la fecha establecida.

Para recuperar su inversión de cerca de 500 millones de euros, la firma española se acogió al APPRO Perú-España para alcanzar un acuerdo amistoso previo al arbitraje.

“Enagás confía en poder llegar a un arreglo amistoso y se compromete a ejercer sus mejores esfuerzos para tal fin esperando el mismo compromiso del Estado Peruano”, añade el comunicado.

De acuerdo a los análisis realizados por asesores externos de la empresa, Enagás recuperaría su inversión y ratificaría los objetivos de crecimiento de 2017.

Fuente: El Comercio