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Estado busca reducir conflictos sociales con Primer Acuerdo Regional Vinculante

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El Perú participó del primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En el marco de la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río, el Gobierno peruano y otros 23 países de la región se han comprometido a ratificar –mediante aprobación del Poder Legislativo– el denominado Acuerdo Escazú que elevará los estándares socio ambientales y mejorará el acceso a la información ambiental en favor de sociedad civil, especialmente de las poblaciones vulnerables, en lo relacionado a los proyectos extractivos.

El acuerdo también promueve la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como medidas para fortalecer la protección de los defensores de derechos ambientales.

Durante la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, realizada en San José de Costa Rica, 24 países aprobaron el primer acuerdo regional vinculante en el mundo. De esta manera, el Perú se ha comprometido a implementar en su legislación los compromisos ambientales aprobados.

“Este acuerdo, complementa muy bien los avances que ha hecho el Estado peruano en materia de acceso a la información, participación ciudadana, y acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de lograr una visión y acción regional en esta materia”, comentó Fernando León, viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente (MINAM), quien formó parte de la delegación peruana.

Al respecto, Aida Gamboa, especialista de la Asociación Civil Derecho, ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien también formó parte de la delegación de nuestro país señaló que “el acuerdo fortalece los avances que ha tenido Perú en políticas de acceso a la información y transparencia, además protegerá, si es ratificado por el Congreso de la República, a las poblaciones vulnerables y defensores indígenas, pues la vulneración de los derechos que promueve este acuerdo impacta en otros aspectos como la consulta previa, salud, medio ambiente sano, y territorio”.

“En los últimos años los conflictos sociales se han incrementado por la falta de acceso a información ambiental y la aprobación de este acuerdo implicará que la sociedad civil y pueblos indígenas accedan a la información relacionada a los proyectos extractivos, a las política y programas ambientales”, añadió Gamboa.

De esta manera y mediante un esfuerzo conjunto entre el Estado, empresa privada y organizaciones no gubernamentales se busca reducir los conflictos sociales. Según reportó la Defensoría del Pueblo en enero se dieron en el Perú 176 conflictos sociales.

La especialista agrega que el acuerdo refuerza la labor de las instituciones públicas del sector como al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y al Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental.

Asimismo, el Poder Judicial, como parte del SNGA, tiene también en este acuerdo un respaldo para reforzar la acción de Acceso a la Justicia Ambiental por parte de los ciudadanos, con iniciativas como la creación de juzgados especializados y el pacto de Madre de Dios. Con estas medidas contenidas en el acuerdo se protegerá y evitará más muertes de los defensores ambientales.

La Asociación DAR ha seguido este proceso desde el 2015. Como miembro del Mecanismo Público y más recientemente de The Access Initiative, ha apoyado en la estrategia de comunicación e incidencia. Desde entonces se ha sumado a los esfuerzos de organizaciones de la región para lograr incluir artículos que eleven el estándar de protección de derechos ambientales.

Fuente: Correo

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