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Estadounidense practica minería informal en selva puneña

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Foto:Correo
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La lucha que ha emprendido el Gobierno central contra la contaminación ambiental provocada por la minería ilegal, tiene enfrente enemigos que insisten en esta ilícita actividad, a pesar de lo advertido por el alto comisionado de asuntos de interdicción y formalización, Daniel Urresti.

Particularmente, hay un caso que llama la atención. Se trata del ciudadano norteamericano David Ebenezer George Boisson, quien conduce y explota las concesiones mineras “LGL” y “Prince Jhosep” hace más de 12 años en el sector Santiago Quebrada, distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia. De allí, este señor extrae oro, sin tener autorización alguna de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), institución que había dispuesto meses atrás la paralización de toda clase de actividades mineras en la zona. Esta disposición se le hizo conocer personalmente al ciudadano norteamericano, a través de una notificación, firmada por el presidente de las Rondas Campesinas del distrito en referencia, pero terco él, no ha dado cumplimiento al dispositivo.

Además, el 9 de enero de los corrientes, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, representada por Esther Daza Vera, a través de un oficio, reiteró la notificación, pero además dispuso abrir investigación preventiva contra el ciudadano extranjero exhortándolo a fin de que paralice de manera inmediata y completa cualquier actividad de construcción de carreteras o vías de acceso que estuviera realizando las concesiones mineras “Prince Jhosep” o “LGL” sin contar con la autorización de las autoridades competentes.

LEYES. El Decreto Legislativo N° 1105, establece los requisitos para el proceso de formalización de los mineros artesanales y de la pequeña minería a través de los siguientes pasos:#1. Declaración de compromisos, 2. Acreditación de titularidad de la concesión minera, 3. Permiso de uso superficial, 4. Permiso de uso de aguas, 5. Instrumento de gestión ambiental correctivo, 6. Autorización de inicio o reinicio de actividades mineras.

Empero, las concesiones mineras del ciudadano extranjero no cumplen con ninguno de estos requisitos, y como desafiando lo dispuesto por el Estado, continúa desarrollando su ilícita labor. El atentado contra el medio ambiente es evidente, y es la maquinaria pesada que propicia el preocupante panorama. A diario una excavadora, un cargador frontal, un volquete, bombas de agua, chutes, etcétera, son utilizadas para los trabajos de extracción. Así está establecido en la denuncia penal que obra en la carpeta fiscal 421 – 2013, de la fiscalía provincial de Sandia, en estos documentos el ciudadano norteamericano acepta sus culpas, pero no ha hecho nada para remediar la situación.

DENUNCIA. Los pobladores de Santiago Quebrada, considerando que se trata de una actitud abusiva y atentatoria, han iniciado un proceso penal por Alteración y Contaminación del Medio Ambiente así como por Minería Ilegal, ante la fiscalía especializada en asuntos medio ambientales de Puno.

El otro proceso penal está referido a usurpación agravada, ante la fiscalía penal provincial de Sandia.

SANCIÓN. Los habitantes de esta parte de la región altiplánica han pedido a los representantes del Ministerio Público, al titular de la investigación, cumplir objetivamente con adjuntar los medios probatorios suficientes, para que el Poder Judicial sancione ejemplarmente a David Ebenezer George Boisson, de este modo se evite que cualquier otro ciudadano extranjero cometan hechos punibles o similares, atentando además contra la soberanía nacional.

INFRACCIÓN. Es importante señalar que, el artículo 71° de la Constitución Política del Estado señala que ningún extranjero podrá tener concesiones de aguas, bosques, minas, dentro de los cincuenta kilómetros de frontera directa o indirectamente, bajo pena de perder el derecho adquirido por el Estado.

Las concesiones mineras “LGL” y “Prince Joseph”, se encuentran a 24.79 kilómetros del vecino país de Bolivia. Es evidente que aquí existe una flagrante violación del principio constitucional, citado líneas arriba, que debió prever la entidad administrativa que otorgó dichas concesiones, se quejaron los comuneros.

ANTECEDENTES. El ciudadano norteamericano, asociandose con su esposa, Julia Huamaní Zegarra, emprendieron esta actividad, presuntamente, sorprendiendo a las autoridades que administran el otorgamiento de títulos mineros en el Perú.

El Consejo de Ministros a través de las carteras de Minería, Ambiente y Relaciones Exteriores, así como el Procurador Público en asuntos judiciales, deben tomar cartas en el asunto, a fin de que se obtenga la caducidad de tales concesiones mineras, en razón a su origen fraudulento, manifestaron los afectados que se mostraron indignados.

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