(ProActivo)
Autoridades de los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, así como el alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, Daniel Urresti, sostuvieron un largo diálogo con los principales dirigentes de los mineros ilegales.
El evento, denominado “Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”, fue propiciado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, como una contribución a la solución del problema social que constituye la minería ilegal a nivel nacional.
El presidente de la Comisión precitada, Agustín Molina declaró a ProActivo que su grupo de trabajo facilitó el diálogo entre las partes involucradas en ese proceso, como son los mineros representados por sus gremios y las autoridades competentes. “Se ha cumplido con el objetivo de sentar a las partes para que conversen, un diálogo que por momentos fue poco áspero pero los gremios mineros se han ido satisfechos”, estimó.
Pide modificar la normativa
Entre tanto, el congresista Francisco Ccama opinó que la única solución para el éxito de la formalización de la minería ilegal es la revisión de todos los dispositivos dados por el gobierno sobre el tema, y modificar lo que no está adecuado.
Según su criterio, las explicaciones ofrecidas por las autoridades de gobierno “no han sido muy claras”, como el caso de la aplicación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). “Se trata de un instrumento paralelo a la declaración ambiental y la elaboración del impacto ambiental semi detallado y el detallado. Es parecido pero con requisitos más exigentes, que no viene al caso”, argumentó.
Ilegales en etapa de formalización
Entre tanto, Samuel Ramos Quispe, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ananea, de la región Puno, sostuvo que el problema es preocupante. “En Ananea hay unos 10.000 mineros informales que no pueden trabajar por la interdicción vigente, y que tienen la obligación de alimentar y dar educación a sus hijos, ahora que ha empezado el año escolar. Es un grave problema que tenemos que ayudar a resolver”, expresó.
Contó que los mineros ilegales del lugar incluso han sido amenazados de muerte, “que los van a cazar como ratones”, información que salió en un diario. “Urresti dice que no deben trabajar los mineros ilegales, pese a que están en etapa de formalización; si lo hacen les mete la policía”, se quejó.
“No hay respuesta a nuestras propuestas”
Manuel Reinoso, presidente de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (Sonamipe) demandó al comisionado Urresti a responder con extensión y claridad sobre la propuesta que su gremio le alcanzó el 25 de octubre pasado.
“Lo que debió decirnos es que la norma tal se ha modificado así, pero no lo ha hecho; mientras el ministerio de Energía y Minas y del Ambiente, igual”, lamentó el dirigente.
Acotó que las autoridades competentes se limitan a repetir los decretos conocidos, pero no mencionan sobre las modificaciones de la normativa que su gremio exige.
Pago único por exportar
“Nos interesa, por ejemplo, que la Sunat simplifique todos los trámites para exportar, que sea un pago único, pero las autoridades ignoran el tema, al menos que nos digan que van a estudiar”, aseveró Reinoso.
Sobre el tema del agua, indicó que los 5.000 mineros de Sonamipe requieren una respuesta de por qué tienen que hacer un estudio para su consumo, si ellos compran el agua sólo para tomarla, para uso cotidiano.
“No nos han dicho por qué tenemos que hacerlo, ¿acaso tengo que hacer un estudio de ubicación y pagar como 6.000 soles, cuando estoy comprando el agua como cualquier usuario?”, se preguntó.
Calificación de pequeño minero
El dirigente gremial manifestó que también han pedido la restitución de la norma de calificación de pequeño minero y minero artesanal, que se la quitaron hace buen tiempo. “Hay gente que va a perder sus concesiones porque no tienen esas calificaciones, es urgente que se restituya la medida mañana mismo”, demandó.
Asimismo, rechazó que los gobiernos regionales hagan los monitoreos ambientales. “¿En qué norma se dice que ellos tienen que hacer el monitoreo? Eso tienen que aclararnos”, protestó.
Asimismo, afirmó que se les aseguró que la declaración de compromiso iba a tener validez hasta diciembre del 2016. “Sin embargo, no hay una norma que así lo certifique, tiene que ser un Decreto Supremo, algo que diga que es hasta el 2016, “ahí recién le vamos a creer”, agregó.