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Falta apoyo institucional a la actividad minera

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Eduardo Chaparro, de la Cámara Asomineros de Colombia
Eduardo Chaparro, de la Cámara Asomineros de Colombia

Para los inversionistas del sector minero en América Latina, el  apoyo institucional gubernamental es insuficiente. Aquella indiferencia retrasa el desarrollo de dicho sector en desmedro del bienestar de las naciones involucradas. Así lo afirmó Eduardo Chaparro, director ejecutivo de la Cámara Asomineros de Colombia.

“Los inversionistas del sector minero dicen que ocurre por la tendencia de los gobiernos de la región, que aduciendo ser más democráticos le hacen el juego a las expresiones de “la sociedad civil” (organizaciones antimineras)”, explicó al exponer en Conamin 2014.

Agregó que bajo ese razonamiento, “cambian las reglas de juego y acaba la certeza jurídica”, en perjuicio de las empresas mineras.

“Lo lamentable es que muchas veces, la institucionalidad de un país ignora a la minería moderna, aquella que hace exploración con sensores y en tiempo real (para proteger las tierras y el ambiente)”, ilustró.

Mayor explotación ilícita

El directivo dijo que no hay límite entre lo que dicen las autoridades ambientales, como restringir, el entorno de los parques nacionales, ignorando que ello propicia la subsistencia de  las explotaciones ilícitas.

“En América Latina tienen más eco los actos antimineros bajo frases gastadas como ‘Minería no, agua sí’”, acotó.

Admitió que ante dicha vorágine, las empresas no han sabido explicar bien a las comunidades los grandes beneficios socioeconómicos que implica el desarrollo minero. “Si bien se han generado redes de apoyo, carecen de información suficiente para que se entienda mejor aquello que hacemos, y así ganarnos su confianza (de las comunidades)”, aseveró.

Si no somos capaces de juntarnos (las empresas) para decir: tengo una actividad lícita, permítanme detallarles qué aporto a la comunidad, no iremos a lugar alguno, agregó.

“Nos hacen ver como sicarios del  medio ambiente”

Chaparro sostuvo que el  concepto del manejo del territorio y la biodiversidad de manera falaz por los opositores a la minería, se entroniza en las comunidades. “Por lo que a nosotros (los mineros) nos ven como sicarios del ambiente, depredadores, como si fuéramos una especie de parias y asaltantes de la fe pública, y que no aportamos”, apuntó.

Denunció que en Colombia, protestan hasta porque una empresa tiene 40 petitorios, como si fuera un delito, y maliciosamente confunden que un título de 5 mil hectáreas es una mina de esa dimensión.

En Chile, refirió, “ya empezaron a surgir problemas (protestas) contra el manganeso”.

Deploró que los antimineros manipulen a la gente. “Dicen  que todo está contaminado, el ambiente, el territorio mutilado y violados los derechos ancestrales y traen a colación los cultivos de coca. Todo lo integran en un  paquete social y lo convierten en un gran conflicto”, advirtió.

“La minería tiene que contar su verdad, sino el accionar antiminero nos pasará como una aplanadora” insistió.

Millones en la Consulta

El empresario reveló que la realización de una sola consulta previa -para que una comunidad avale o rechace un proyecto- cuesta en algunas partes entre 10 y 20 millones de dólares, lo cual es un malgasto.“Esa plata se podría dedicar a obras de beneficio social y de integración comunitaria en las áreas afectadas por los proyectos, en vez de pagar asesores de  grupos interesados en la consulta (como las ONG)”, planteó.

Chaparro remarcó que el desarrollo de la minería y el respeto al medio ambiente  son una simbiosis que puede ser muy armoniosa.

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