Detalló que de este total 20 aproximadamente tienen, además, la comisión del delito de lavado de activos.
Explicó que los casos se encuentran en etapa de investigación preliminar y preparatoria y algunos están siendo judicializados solicitándose la prisión preventiva para los inculpados.
En declaraciones al programa Los Fiscales, que se transmite por Radio Nacional, explicó que el Ministerio Público trabaja con apego a la ley para desbaratar la minería ilegal, que genera enorme daño ecológico tal como quedó demostrado durante el reciente operativo que realizaron junto con las autoridades del ministerio del Interior en la zona de Tambopata.
En ese sentido, Luza Chullo, hizo un llamado a todos los sectores del Estado comprometidos con esta lucha y en especial a la Sunat “como actor fundamental”, para enfrentar este problema que ha arrasado con más de 40,000 hectáreas de bosques selváticos.
El fiscal superior, expresó su preocupación por la demora en la implementación del Complejo Interinstitucional contra el Crimen, construido en la zona de Mazuco, cuyo principal objetivo será luchar contra la trata de personas, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico ilícito de drogas, el ingreso de personas con requisitoria, la venta de combustible a grifos informales, el tráfico de madera entre otros ilícitos.
Explicó que en este terreno de cuatro hectáreas deben operar 13 entidades del Estado para el control de unidades de carga y pasajeros, sin embargo en esta sede sólo funcionan algunas dependencias por falta de presupuesto, lo que afecta el trabajo de supervisión.
Por su parte, el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Antonio Fernández Jerí, informó que el Ministerio Público y el Poder Judicial realizan coordinaciones para poner en funcionamiento juzgados especializados en materia penal en cada distrito fiscal a fin de atender los casos específicos de minería ilegal.
Fernández Jerí, precisó que las consecuencias negativas de esta ilícita actividad no solo se registran en el tema ambiental que dejan, sino también se manifiestan en el estándar de vida de las personas que se calcula entre 45 y 50 años, a lo que se suma “las mutaciones en su descendencia”, al procrear hijos con taras o deficiencias intelectuales por operar con sustancias toxicas.
El magistrado pidió también realizar un mayor control a las plantas de beneficio, en las que se funden los metales, porque en muchos casos provienen de mineras ilegales incurriendo en lavado de activos.
Indicó que se han detectado rutas que utilizan las bandas dedicadas esta ilícita acción y cuyo punto central es Nasca, en donde funcionan empresas formales que compran, procesan y exportan estos recursos.
(FIN) NDP/MAO