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Cada vez que han relevado a los comisionados contra la minería ilegal han transcurrido varios meses antes de que se reanuden las operaciones de interdicción. Esto permite que los mineros se reagrupen.

A fines de la semana pasada, Antonio Fernández Jerí se reunió en Tumbes con autoridades de Perú y Ecuador para analizar trabajos pactados en acuerdos binacionales.

El lunes, el asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para asuntos de interdicción de minería ilegal conversó con autoridades y dirigentes mineros de Puno. El martes, antes de comenzar un día normal de trabajo, abrió el diario “El Peruano” y se enteró de que había sido despedido.

Sin previo aviso, el funcionario que coordinaba y dirigía las operaciones de interdicción fue relevado. Según fuentes de la PCM, el cargo lo asumiría el coronel César Sierra, asesor en las operaciones de interdicción y uno de los funcionarios que trabajaba más cerca de Fernández.

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Contra el tiempo
La lucha contra la minería ilegal y la formalización de decenas de miles de personas que se dedican a esta actividad es uno de los mayores desafíos que ha tenido este gobierno.

En diciembre del 2011, el entonces primer ministro Óscar Valdés dijo: “En un año no habrá más mineros informales en Madre de Dios”. Pero ninguno se ha formalizado en esa región.

En noviembre del 2015, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dijo: “Es un lugar común intentar mirar el éxito de la formalización en función del número de formalizados, porque también hay interdicciones, retiro de campamentos”.

Precisamente, se teme que el relevo de Fernández Jerí retrase las acciones de interdicción, debido al tiempo que demora coordinar con otras entidades estatales (Policía Nacional, Marina de Guerra, Ministerio Público, gobiernos regionales).

El Comercio.