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Gary Goldberg y Máxima Acuña, dos visiones distintas de propiedad sobre el mismo recurso

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Foto: Gary Goldberg y Máxima Acuña
Foto: Gary Goldberg y Máxima Acuña

Por: ANDRES RECALDE

En las últimas semanas las noticias internacionales han cubierto noticias sobre dos disimiles personajes del entorno minero Peruano.

Me refiero al Sr. Gary Goldberg, Presidente de Newmont, y la Sra. Máxima Acuña, pobladora en Cajamarca.

La semana pasada, el Sr. Goldberg fue uno de los principales participantes en la conferencia sobre oro en Denver. Como segundo productor de oro a nivel mundial, sus declaraciones con relevantes en este tipo de foros.

También la semana pasada, la Sra. Acuña y su familia fueron materia de un desalojo en tierras en disputa bajo propiedad de Newmont en Cajamarca.

En su presentación en Denver, el Sr. Goldberg comento sobre sobre las líneas de planeamiento estratégico de su empresa. Que en resumen son:

  • Mejorar los proyectos en marcha; mediante operaciones más seguras y eficientes.
  • Reforzar su cartera de proyectos; mediante la extensión de la vida útil, menores costos y
    convertir sus proyectos nacientes en operaciones rentables, dentro del plazo y presupuesto.
  • Crear valor para los accionistas – mediante la generación de mayores flujos libres de efectivo,
    dándole rentabilidad al accionista así como lograr flexibilidad y solidez a su patrimonio.

Estos puntos son los que inversionistas desean escuchar de una corporación minera global. El propósito es lograr confianza y hacer evidente que existe una estrategia creíble.

Quizás el evento en Denver no fue la ocasión para mencionar sobre los compromisos de Newmont con el desarrollo sostenible y respeto a los derechos humanos.

Esa ocasión más bien se presentó en la Cumbre EITI que se celebró en Lima en Marzo de este año.

Allí el Sr. Goldberg declaro el compromiso de Newmont con la transparencia en reportar pagos a gobiernos.

La transparencia es un compromiso compartido para la creación de beneficios sociales y para lograr valor para la empresa. En forma muy clara y sencilla también declaro que una corporación como Newmont tienen que satisfacer las expectativas de muchas partes involucradas. Sin embargo, aclaro que en la realidad no es posible satisfacer todas las expectativas de todos los interesados al mismo tiempo.

Newmont también es una de las empresas fundadoras del International Council on Mining and Metals – ICMM. El ICMM se ha convertido en una fuente de conocimiento sobre temas sociales y ambientales relacionados con grandes operaciones mineras.

Uno de los documentos más importantes para el ICMM es su Declaración de Principios. Son diez principios que abarcan desde prácticas éticas, biodiversidad, derechos humanos entre otros.

En el caso de la Sra. Máxima Acuña y su familia su historia se cruza con la de Newmont desde al año 2011 al negarse a reconocer vendida su parcela de 60 hectáreas.

Leer su historia y como entiende sus derechos familiares tiene similitud a la estrategia de Newmont expresada por el Sr. Goldberg. Ambos anhelan posesión del mismo activo, la tierra que debe permitir la construcción de la mina. No obstante la motivación es diferente; para Newmont es producir oro y cumplir sus metas financieras y de operación. Para la familia Acuña es preservar la tierra sobre la cual ven más valor en continuar con su estilo de vida y no cambiar la composición de los recursos naturales.

Debe entenderse que Newmont, bajo asesoría legal, encuentra que no es posible ni racional detener un proyecto porque una familia se opone a sus planes.

Por otro lado, es evidente que una familia como la de Sra. Acuña difícilmente podrá enfrentarse en condición de igualdad a una corporación como Newmont. Al no haber solución en la legalidad se recurre a la defensoría por medios de opinión pública y sociedad civil nacional en internacional. Esto llega a su cúspide el año pasado al ser otorgado el premio Goldman como defensora de derechos ambientales.

No se puede negar que Newmont tenga el derecho de solicitar el desalojo de sus tierras de la familia Acuña. Lo que es extraño es que asuma el riesgo de ser percibida como ejerciendo poder en desigualdad de condiciones.

El uso legal de la fuerza para hacer respetar derechos en un proyecto minero no es lo más recomendado si es que el proyecto goza de la licencia social para operar.

Quizás Newmont debe explorar más variantes de convencimiento para lograr una solución pacífica. Si eso no es posible entonces podría recurrir al beneficio de su licencia social para operar que se asuma debe poseer en la zona.

Si su confianza en la aceptabilidad social para operar se basa solo en la legalidad y tratos comerciales formales entonces deberían volver a revisar los principios éticos y sociales a los cuales dicen adherirse.

En el Perú, el estado de derecho no es aun entendido en relación al bien común de todos los peruanos.

 

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