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“El Ejecutivo va a nombrar un Comité Especial en Proinversión para relanzar el proceso de licitación [del gasoducto] en un plazo que estimamos de 9 meses, como lo pide el Presidente”, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Augusto Tamayo, esta mañana en la emisora RPP. Luego, corrigió y precisó que el plazo de 9 meses servirá para “para tener un nuevo concesionario”.
En ese sentido, informó que han solicitado la elaboración de informes legales para saber si las empresas del consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) – cuyo contrato fue rescindido de forma oficial el 24 de enero pasado- pueden participar de la nueva licitación.
El consorcio GSP está integrado por las empresas Odebrecht. Enagás y Graña y Montero. A la primera el Ejecutivo le prohibió participar en contratos con el Estado tras confesar que había pagado sobornos en Perú y la región. En el caso de Enagás, Tamayo no podría participar por haberse encargado de la operación. “Ese es un tema legal y va a estar claramente establecida las bases”, aseguró, sin mencionar la oportunidad para Graña y Montero.
Cabe destacar que el gobierno tiene un plazo de 12 meses para relanzar el proyecto, según el contrato antiguo.
Recordó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) está encargo de nombrar un administrador de los equipos y obras ejecutadas por el consorcio, cuyo avance se estima asciende a 37%, indicó Tamayo. Al respecto, sostuvo que las lluvias podrían afectar los equipos adquiridos. “Tenemos que realizar la debida diligencia para que los equipos no se vean afectados”, subrayó.
Por otro lado, confirmó que el Ejecutivo mantiene el plan de distribuir gas en camiones en ciudades de seis regiones del sur del Perú, una medida anunciada tras la resolución del contrato con GSP. Así, aseguró que el gas también llamado “virtual” llegará a Arequipa, Tacna y Moquegua en julio próximo. No brindó información sobre cuándo llegaría a Ayacucho, Apurímac y Cusco.
REPUTACIÓN MINERA
Consultado sobre el sector minero, apuntó que el gobierno busca revertir la imagen del sector en el mundo. La imagen de la minería peruana se ha visto afectada por dos factores: un crecimiento proceso de burocratización, asociada a demoras en la entrega de permisos habilitantes: y los conflictos sociales, causados por incumplimientos de compromisos por parte de las empresas. “Estamos tratando de revertir a través de un trabajo coordinador con vario ministerios”, dijo al respecto.
“Esperamos motivar el interés por algunos proyectos que están próximos a salir este año o el próximo, en un contexto en que lo preciso internacionales se están recuperando”, subrayó, en relación al cobre y el zinc.
Fuente: El Comercio