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Gasoducto se volverá a licitar a partir del 23 de enero

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En el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP), el no cumplir con el hito financiero –que vence el 23 de enero-, sería la causante de la disolución del contrato que actualmente la concesionaria del proyecto mantiene con el Estado. Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, respondió a El Comercio algunas interrogantes ante la posibilidad de una nueva licitación.

 

¿Qué implica que el proyecto regrese al Estado?
Como regla general, la caducidad de un contrato genera la obligación al Estado de compensar al concesionario por el valor remanente de la concesión. Sin embargo, cuando la caducidad obedece a un incumplimiento del concesionario -como aparentemente sería el caso en la concesión GSP, esto, a su vez, genera una obligación de indemnización del concesionario a favor del Estado por los daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione. En tales casos, el Estado está habilitado para proceder a la ejecución de la carta fianza que normalmente se exige en este tipo de compromisos.

¿Qué recibe el Estado? 
Declarada la caducidad de la concesión, corresponde que reviertan al Estado los bienes de la concesión, como terrenos, servidumbres, entre otros, así como los nuevos que hayan sido construidos por el concesionario e integrados a la concesión. No se incluye a los trabajadores de la concesionaria.
En relación a los pasivos vigentes ya asumidos por la concesionaria frente a terceros (los bancos), originados por la construcción de la infraestructura revertida, es un tema discutible. El Estado podría alegar que la asunción de esta deuda, cuando no hay concesión vigente, es un costo derivado del incumplimiento del concesionario y debe ser descontado del pago por la concesión.
En relación con la infraestructura a revertir, esta situación puede generar un problema adicional, pues dado que no existe todavía la posibilidad de operación real de la infraestructura del GSP, se corre el riesgo de pagar por una infraestructura “inútil” -al menos hasta la re-licitación- y con el riesgo de deterioro permanente. El Estado también podría considerar esto al momento de definir los daños y perjuicios

¿Cuánto demoraría cerrar la licitación actual y cuánto habría que esperar para realizar una nueva?
La declaración de caducidad usualmente requiere opinión técnica del regulador, que puede tomar algunos días o semanas. Luego de ello, el concedente (el Estado) procede a oficializar la caducidad mediante la resolución correspondiente, y se inicia el proceso de reversión de los bienes a favor del Estado. Estimo que este proceso puede tomar unos seis meses, dada la complejidad de las circunstancias que rodean la caducidad.
Si el Estado desea revisar y replantear las condiciones de la concesión, apuntando a su autosostenibilidad, la etapa de diseño y estructuración de la nueva concesión puede tomar unos 9-12 meses (contratación de asesores técnicos, estudios complementarios, entre otros) y unos 6 meses más, cuando menos, para la etapa licitatoria.

 

El Comercio

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