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En cada rincón de América Latina donde la extracción y comercio de oro se realizan de manera ilegal, hay algo en común: todas las formas del crimen se juntan ahí, desde los delitos ambientales, la trata de personas y el lavado de dinero, hasta la corrupción, el desplazamiento forzado y la intervención de grupos ilegales.
A esa conclusión llegó Livia Wagner, investigadora de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI), que entre febrero y diciembre de 2015 exploró las realidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Venezuela con el fin de encontrar los vínculos entre crimen organizado y minería ilegal de oro, así como para explicar cómo este nexo perverso abona el terreno para cometer otras irregularidades.
Lo primero que revela el informe es que las sumas en juego son sorprendentes. Según indagó el GI en Perú, 35 toneladas de oro de contrabando, que costaban más de 1.000 millones de dólares, fueron trasladadas desde puertos limeños hacia Estados Unidos y Suiza, solo entre febrero y octubre de 2014.
Mientras tanto, en Colombia, la investigadora pudo confirmar que 44 redes criminales están envueltas en la minería ilegal, que muchas de las minas ilegales de Ecuador están controladas por las Farc y que su presencia alrededor ha elevado las cifras de homicidio.
La situación se agrava en Brasil y México. En el primero, el número de mineros irregulares asciende a 75.000, solo en la Amazonia, mientras en el segundo el crimen organizado “controla el derecho a hacer minería” en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas.
Ximena González, de la ONG Tierra Digna, dice que ya hay mucho escrito sobre la posibilidad de que algunos entables de minería ilegal estén asociados a grupos ilegales. Sin embargo, apunta, “ese análisis hay que superarlo y entender cuáles son los otros puntos que encadenan esa red ilegal y mafiosa”.
Por ejemplo, la experta dice que hay una omisión en el control de la salida del oro. “Una vez se saca del Chocó, entra a compraventas en Medellín que tienen línea de exportación en Estados Unidos y Suiza, sin vigilancia y sin aclarar cuáles fueron sus puntos de conexión con la cadena mafiosa”, cuenta, y agrega que tampoco hay registro de qué pasa con el mercurio que ingresa a Colombia con permisos.
Oro, más rentable que coca
En la primera década del siglo 21, dos tendencias se cruzaron: los altos precios del oro aumentaron en gran medida la rentabilidad de la minería, mientras que la llamada “guerra contra las drogas” de Estados Unidos contra Colombia y México (Plan Colombia e Iniciativa Mérida) redujeron la rentabilidad del narcotráfico desde América Latina.
De acuerdo con el informe de GI, el resultado fue que hubo considerables incentivos para que los grupos criminales que controlan el tráfico de drogas migraran a la extracción de oro, mientras la naturaleza fragmentada de la minería artesanal de oro en América Latina facilitó en gran medida su entrada.
Además de esto, explica Wagner, el hecho de que el precio de las drogas siempre dependa de su demanda en el mercado ilegal, mientras el del oro se regule en el legal, hace que este último permita que sea más lucrativo en la medida en que se pueden prever sus fluctuaciones.
Un problema global
Si bien se cree que el problema de esa relación entre crimen y minería ilegal es exclusivo de América Latina, el informe habla de que el impacto es global, por los países que están involucrados en su tráfico y porque la actividad afecta de manera particular a la Amazonia, también llamada “Pulmón del mundo”.
Sobre esto, la Red Amazónica de Información Sociambiental Georreferenciada (Raisg) publicó el Atlas “Amazonía bajo presión” y reveló que por prácticas como la minería, en 2050 podría desaparecer hasta la mitad del bosque amazónico actual.
Al respecto, Martín Von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas, dice que de ocurrir esto aumentaría el cambio climático, lo que costaría una fortuna mayor que las ganancias del oro.