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El Consejo Ejecutivo del Poder judicial, presidido por Enrique Mendoza, dispuso la intervención de la gestión jurisdiccional y administrativa de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios por supuestamente proteger, con medidas cautelares, a la minería ilegal en esa región.
Según una nota de prensa, se habrían detectado casos de corruptelas e ineficacia de archivamiento de procesos que denotarían una deficiente administración judicial que afecta la imagen de la judicatura.
En este sentido, el Consejo Ejecutivo formó una comisión especial que se encargará de realizar inspecciones, investigaciones, auditorías y exámenes especiales en las dependencias administrativas y órganos jurisdiccionales para evaluar la conducta de jueces, auxiliares jurisdiccionales, funcionario y empleados, en un plazo de 60 días.
La Comisión estará encabezada por el juez supremo José Luis Lecaros Cornejo; un magistrado de la OCMA por designar; el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Aristo Mercado Arbieto; el jefe de control institucional del Poder Judicial, contador Amércio Revilla Fernandez; y el coordinador del Gabinete de Asesores de la presidencia del Poder Judicial, José Fernando Álvarez Ferrando.
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De encontrarse responsabilidades de estos jueces, deben ir a la cárcel e incautar sus bienes mal habidos.