El anuncio de una inversión de US$ 2,730 millones para modernizar la refinería de Talara es positivo como “voluntad política”, pero que corre el riesgo de “no ser un buen negocio para el Estado”, si Petroperú no vuelve a la explotación de crudo.
“Si el gobierno solo se enfoca en modernizar la refinería, esa inversión no sería un buen negocio”.
El Mensaje Presidencial del 28 de julio pasado del presidente Ollanta Humala, generó reacciones favorables y contrarias entre representantes del gremio empresarial y expertos, en temas relacionados a la industria extractiva y particularmente de la minería.
Confiep: “No habló sobre los conflictos sociales”
El presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró.
El presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró lamentó que el Mensaje Presidencial no aborde los conflictos sociales, que para el sector empresarial deberían ocupar el primer lugar de la agenda del jefe de Estado. “El gobierno debería resolver este problema de manera técnica y profesional, pero el presidente Humala no se ha referido de manera enfática a este tema”, subrayó.
Sin embargo, consideró que es un acierto asumido por el Jefe de Estado de emprender el proceso de modernización de Petroperú en los próximos 12 meses que se orienta hacia el accionariado difundido.
Asimismo destacó el anuncio de ejecutar una cartera de proyectos de infraestructura a nivel nacional. “Es indispensable. Si queremos reducir la pobreza para generar inclusión social y tener una mejor eficiencia y productividad comercial, no hay otra forma que reducir la brecha de infraestructura. Es muy importante que el gobierno tenga proyectos identificados y esperamos que considere otros más en este campo”, acotó.
SNI: “Trasmitió confianza al sector empresarial”
Luis Salazar, presidente de la SNI.
El presidente de la SNI, Luis Salazar, comentó que aunque fue un discurso sin sorpresas resaltó la decisión del mandatario de convertir al Perú es un país industrializado y lo calificó de “positivo, porque reconoció los errores cometidos.
Indicó que el discurso trasmitió confianza en el sector empresarial por los siguientes temas: agilizar las inversiones, combatir la minería informal y dotar de mayor infraestructura al país.
Al respecto, elogió el apoyo a la ejecución de las inversiones mineras en el país, incluido Conga, aunque lo haya aludido indirectamente.
En torno a la alerta presidencial de que “es posible que el ciclo que favorecía nuestro crecimiento esté llegando a su fin”, recomendó no alarmarse.
“A mi entender no ha dicho que dejaremos de crecer sino que el contexto internacional puede repercutir en el panorama local”.
“Nada de contrato social”
Por su lado, el exviceministro del Ambiente, José de Echave, cuestionó que el presidente Humala resaltara el contrato social entre la minería, el Estado y la comunidad, del que dijo no se ha hecho algo.
“La consulta previa se comenzó a aplicar donde no hay minería ni hidrocarburos, el ordenamiento territorial “duerme” y tampoco se ha abordado los aportes del gravamen minero acordado con las empresas”, criticó.
Recordó que la comisión multisectorial para lograr “una nueva relación con la minería”, entregó su informe el 10 de octubre del 2012, “el cual seguramente está muy bien guardado en un escritorio de la PCM”.
“Lo cierto es que salvo la creación del nuevo SENACE, poco o casi nada se ha avanzado”, citó.
Buen anuncio: la modernización de la Refinería de Talara
Para Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro, el anuncio de una inversión de US$ 2,730 millones para modernizar la refinería de Talara es positivo como “voluntad política”, pero que corre el riesgo de “no ser un buen negocio para el Estado”, si Petroperú no vuelve a la explotación de crudo.
“Si el gobierno solo moderniza la refinería, esa inversión no sería un buen negocio, pues la refinación es poco rentable”, estimó.
En tal sentido, dijo que Humala no dijo nada sobre los lotes petroleros próximos a vencer, donde Petroperú debiera participar en la explotación como complemento a la modernización de la refinería, lo cual si sería beneficioso para el Estado.
Se trata de lotes en los alrededores de la refinería de Talara, explotados por 20 años por concesionarios privados, que no hicieron las inversiones necesarias.