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La bomba que hizo explotar #TiaMaria

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Tía María opositores a proyecto minero usan dinamita en enfrentamiento contra la Policía

Bajo la lupa. Expertos indican que EIA de Tía María no incluyó Estudio de Factibilidad de planta desalinizadora para procesar agua de mar. Geoservice asegura que pidió opinión del estudio a Unops, pero el Ministerio de Energía “lo dejó ahí”.

Aramis Castro y Milagros Salazar *
Convoca.pe
La tarde del viernes 15 de mayo, el conflicto por Tía María movilizó a las autoridades máximas que debían pronunciarse en este escenario de crisis: el presidente Ollanta Humala dio un mensaje a la Nación de 12 minutos desde Palacio de Gobierno y el presidente de la corporación mexicana Southern Copper, Óscar González Rocha, anunció desde Estados Unidos una “pausa” de 60 días para “despejar todas las dudas existentes” sobre este conflicto que, en los últimos dos meses, registró tres muertos y decenas de heridos.
Pero ninguno dio nuevas luces sobre el tema más controversial y postergado del conflicto: el Estudio de Impacto Ambiental, que fue aprobado en agosto de 2014 por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), pues de su sólida elaboración depende evitar el potencial daño al medio ambiente y la vida de los pobladores de Islay, en la convulsionada Arequipa.
Humala insistió en que el proyecto de Southern “cumple con todos los requisitos de ley”, y minutos más tarde, en el pleno del Congreso de la República, el ministro del Ambiente,Manuel Pulgar–Vidal, repitió el mismo discurso, asegurando que la empresa levantó las 138 recomendaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) elaboró en 2011 al primer estudio, a pedido del Minem.
Con la ayuda de expertos, el equipo de periodistas de investigación Convoca contrastó esta versión oficial con puntos cruciales del expediente de 35 tomos del proceso de evaluación del nuevo EIA, y encontró detalles hasta ahora no revelados de Tía María, que se ponen sobre la mesa como un primer aporte para el debate en estos 60 días de “pausa” del proyecto.
POLÉMICA POR EL EIA
Desde que el 5 de noviembre de 2013, Southern Perú presentó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado por la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C., los representantes de la empresa se han reunido más de 30 veces con los funcionarios del Minem en momentos claves del proceso de aprobación del estudio.
Uno de los encuentros más importantes fue el del 3 de febrero de 2014. Ese día, el presidente de Southern, González Rocha, acudió al despacho del entonces ministro Jorge Merino acompañado de Hans Flury, secretario general de Southern y ex ministro del sector. A la semana siguiente, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Minem envió a la empresa las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental.
La evaluación del nuevo EIA tomó nueve meses, un año menos que el anterior estudio. Si algo quedó claro fue el interés en la aprobación rápida del EIA a pesar del rechazo al proyecto de un bloque importante de la población en Arequipa. Precisamente, los puntos más controversiales del expediente evidencian que los evaluadores del Minem pasaron por alto puntos centrales que ameritaban un análisis detallado y no contra el reloj, para evitar un mal manejo de las aguas y garantizar un monitoreo eficaz de los impactos, de acuerdo con los ingenieros ambientales consultados por Convoca, que cuentan con una amplia experiencia en revisiones de EIA.
Los nombres de estos especialistas no son consignados en este reportaje debido a que trabajaron en importantes consultoras que brindan servicios a la gran minería y en organismos reguladores del sector. Pero sus hallazgos fueron confrontados con la versión del ingeniero César Rodríguez, jefe del equipo de Geoservice que elaboró el EIA de Tía María. Revisemos.
LAS CONTROVERSIAS
Southern presentó el nuevo EIA incluyendo apenas diez carillas para explicar cómo se construiría la planta desalinizadora para tratar el agua de mar y no captar agua del río Tambo, del que dependen los pobladores de la zona. Los ingenieros entrevistados señalaron que una planta de esta dimensión, que además es el tema más sensible del conflicto, requiere que la empresa presente como parte de los anexos del EIA, un Estudio de Factibilidad que especifique cómo se procesará el agua de mar. Este documento es clave para que los evaluadores del ministerio determinen que la planta tendrá la capacidad para procesar el mineral que se explotará sin que luego la minera use al agua del río.
Los técnicos de la Dirección Ambiental de Asuntos Ambientales Mineros que evaluaron el EIA confirmaron a Convoca que la empresa no presentó el Estudio de Factibilidad. El ingeniero Rodríguez de Geoservice, quien estuvo a cargo de la Dirección General de Minería del ministerio hasta agosto de 2006, aseguró que la empresa contrató a otra empresa para hacer este tipo de  “estudios de ingeniería” y que no era necesario presentarlo. “¿Cómo pueden constatar los evaluadores que lo que dice la empresa sobre el manejo del agua de la planta es verdad, si es que no presenta un estudio detallado?”, cuestionaron los ingenieros consultados.
En el informe N° 155, con fecha 7 de febrero de 2014, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros plantea 73 observaciones al nuevo EIA de Tía María en el que solicita a la empresa “aclarar en qué etapa se construirá la planta”, pero no exige la presentación del Estudio de Factibilidad a pesar de que uno de los motivos principales por los que se declaró “inadmisible” el primer EIA del proyecto es porque “no se elaboró sobre la base de un proyecto a nivel de factibilidad”, sino que solo tenía información descriptiva.
El nuevo Estudio de Impacto Ambiental también indica que Southern incrementará la explotación de cobre en 12 millones de toneladas métricas: de 638.082 millones de toneladas que aparecía en el primer EIA a 650.760 millones. Como resultado, también habrá 165 millones de toneladas adicionales de desechos contaminantes.
Otro punto vinculado a la población es el de las estaciones de monitoreo, que servirán para determinar si el polvo mineral generado por la explotación de los tajos afectará a los cultivos y a la población. El estudio señala que una de las estaciones de control estará ubicada a 5,5 kilómetros del tajo más importante del proyecto, La Tapada, lo que equivale a una distancia similar entre la Plaza de Armas de Lima y el distrito de Pueblo Libre, en línea recta.
Esto no permitirá medir con precisión si hay o no contaminación ni tampoco fiscalizar los parámetros exigidos por ley.
Rodríguez admitió en parte este punto, y aseguró que el Minem le solicitó que instalara adicionalmente dos estaciones cercanas a los tajos. Convoca revisó el informe de las observaciones y no encontró esta recomendación.
EL PEDIDO A UNOPS
El ingeniero de Geoservice informó que luego de que Southern presentara al Minem el EIA de Tía María en noviembre de 2013, solicitó a Unops la revisión del estudio, pero esta institución respondió que solo podía hacerlo si el Minem se lo pedía, debido a que brinda servicios al Estado, no a empresas privadas.
Rodríguez confirmó que, con el permiso de Southern, trasladó esta inquietud a Edwin Regente, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, pero el ministerio “lo dejó ahí”. “Nosotros no podemos intervenir en las decisiones del ministerio. No podemos obligarlo”, dijo el gerente general de Geoservice, Miguel de la Torre Sobrevilla.
Convoca pudo conocer que las altas autoridades del ministerio, incluido el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, sabían del pedido de Geoservice, sin embargo el viceministro lo negó en una respuesta enviada por correo electrónico a través de su Oficina de Imagen Institucional.
El entonces ministro Merino dijo a Convoca que tampoco recordaba esta solicitud. Pero el 11 de diciembre de 2013, precisamente en los días en que Geoservice mantenía conversaciones con Unops, aparece en el registro de visita del Minem una reunión de Shinno con los funcionarios de esta institución, quienes también evitaron dar su versión.
Los técnicos del ministerio que evaluaron el estudio de Southern también cuentan con antecedentes que merecen conocerse. Dos de ellos dieron el visto bueno a otro EIA controversial: el de Conga. El ingeniero Walter Alfaro López integró el equipo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros que aprobó el estudio de Yanacocha, y Ricardo Baca Rueda fue uno de los expertos de la Autoridad Nacional del Agua que aprobó el cuestionado manejo de las lagunas y ríos de Conga.
* Con la colaboración de
Gabriela Flores y Carla Díaz.
La República
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