La Defensoría del Pueblo presentó ayer el Reporte de Conflictos Sociales N° 121, correspondiente al mes de marzo de 2014, el cual da cuenta –entre otros aspectos- que durante ese período se registraron 211 conflictos sociales, 165 en calidad de activos y 46 en estado latente, uno menos en relación al mes anterior. Cabe indicar, que Apurímac (24), Áncash (23), y Puno (18) continúan siendo las regiones que concentran la mayor cantidad de conflictos sociales.
En relación a la naturaleza de los conflictos contemplados en el Reporte N°121, 134 son de tipo socioambiental, 32 por asuntos de gobierno local, 16 por demarcación territorial, 9 laborales, 9 por asuntos de gobierno nacional, entre otros. También se informa de seis conflictos resueltos y del surgimiento de siete casos nuevos ubicados en las regiones de Apurímac, Huancavelica, Junín, Loreto y Ucayali.
“Para la Defensoría del Pueblo la violencia es incompatible con el respeto y la protección de los derechos fundamentales y con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y, en esa medida, nadie debe quedar al margen de las investigaciones si cometió algún ilícito penal. El derecho a protestar no abre la puerta para la comisión de delitos ni tampoco el restablecimiento del orden público puede llegar a extremos injustificados”, dijo el Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales, Rolando Luque.
Respecto a los conflictos nuevos, el documento defensorial informa que se han registrado siete. Cuatro socioambientales, uno laboral, uno por asuntos de gobierno nacional y uno por asuntos de gobierno local. En el primer caso, ubicado en Loreto, La Asociación de Comunidades Nativas KuKamas Kukamiria – ACONAKKU y sus once comunidades bases, demandan la atención a la empresa Pluspetrol Norte S.A. y las entidades estatales por los problemas y accidentes ambientales suscitados producto del desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la cuenca del Marañón desde el 2002.
En el segundo conflicto, los pobladores de la comunidad campesina de Ccahuapirhua, en Apurímac, exigen a la empresa Abengoa Perú S.A. y ATN 2 S.A. la compensación por el uso temporal de la trocha carrozable de la comunidad por la ejecución del Proyecto Línea de Transmisión de la Sub Estación de Cotaruse – Las Bambas.
El tercer conflicto es el que mantienen los pobladores de las comunidades del distrito de Colcabamba, en Huancavelica, exigen el cumplimiento de compromisos sociales asumidos a la empresa Cerro del Águila S.A.
El cuarto conflicto socioambiental se registró en Junín. Aquí los pobladores y comuneros del distrito de Río Negro se oponen a la instalación de un relleno sanitario de residuos sólidos por parte de la Municipalidad Provincial de Satipo.
En el quinto conflicto de tipo laboral, los trabajadores mineros exigen a la compañía minera Argentum S.A. el cumplimiento del convenio colectivo, relacionado a la nivelación de salarios y reparto de utilidades. El sexto conflicto, por asuntos de gobierno nacional, fue reportado en Ucayali; los pobladores de esta región exigen al Poder Ejecutivo la masificación del gas natural. A la fecha se ha instalado una mesa técnica que empezará a funcionar a partir del 15 de este mes.
El séptimo conflicto, es por asuntos de gobierno local y se registró en Apurímac. La Municipalidad Provincial de Abancay realizó una reubicación temporal de los comerciantes para dar inicio al mejoramiento y ampliación del Mercado de Abastos “Las Américas”, dicha acción generó el cuestionamiento de parte de los comerciantes del mercado, comerciantes ambulantes y la población local.
Preocupa a la Defensoría del Pueblo la huelga nacional iniciada el 25 de marzo por los trabajadores judiciales del Poder Judicial. Tras dieciséis días de protestas se presentaron bloqueo de vías y enfrentamientos con la policía (Tumbes, Lima), crucifixiones (Chiclayo, Arequipa y Moyobamba) quema de expedientes judiciales (Puno, Arequipa), encadenamientos (Huancayo y Cajamarca), y marchas (Lima, Huancayo, Moyobamba).
Defensoría del Pueblo