Gustavo Yamada, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico
Especialistas señalan que la exigencia de maestría y el que haya un 25% de docentes a tiempo completo harían aumentar las pensiones.
Tras haber sido publicada ayer en el diario oficial “El Peruano”, la controvertida Ley Universitaria entró en vigencia con los cambios y modificaciones que ella contempla y que deberán ser aplicados de inmediato por todas las casas de estudios superiores.
La norma señala que, como parte del proceso de adecuación a la nueva ley, a partir de ahora cesa la Asamblea Universitaria en la universidades públicas y quedan suspendidos todos los nombramientos y ascensos, hasta que asuman sus cargos las nuevas autoridades de gobierno.
Para ello habrá un plazo de tres meses, en el que un comité electoral elegirá una Asamblea Estatutaria que redactará el estatuto de la universidad, señalará el cronograma de elección de las nuevas autoridades y transitoriamente asumirá las funciones de la Asamblea Universitaria.
En el caso de las universidades privadas, el proceso de adecuación a la nueva ley será regulado por la Asamblea Universitaria en un plazo máximo de 90 días.
La norma igualmente establece un plazo de cinco años para que los docentes de las universidades públicas y privadas que no cumplen con los requisitos exigidos para enseñar puedan adecuarse a ellos.
Asimismo crea y señala las atribuciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo que velará por la calidad de la enseñanza en las universidades y estará adscrito al Ministerio de Educación, lo cual ha despertado cuestionamientos de muchos sectores porque –sostienen– vulneraría la autonomía universitaria.
La Sunedu aprobará o denegará las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales y facultades. Entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento para verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad en el servicio educativo que se ofrece.
También fiscalizará si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios otorgados a las universidades han sido destinados a fines educativos.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, estimó que en 90 días empezará a funcionar esta superintendencia.
¿Aumentarán las pensiones?
La nueva ley establece que todas las universidades públicas y privadas deben tener un 25% de sus docentes a tiempo completo, y les pide una maestría para dictar clases en pregrado. Ello podría generar un aumento en las pensiones de algunas universidades, según el economista Gustavo Yamada.
“Una educación de calidad no puede pretender ser a costos no sostenibles”, indicó el también decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico.
Yamada precisó que el incremento sería visible en las universidades donde la mayoría de su personal no es estable, sino por horarios.
“En las universidades privadas de calidad, los porcentajes actuales no están muy lejos de la meta, y por lo tanto no debería ser mayor la inversión adicional. En las que están lejos de esa meta, [el cumplimiento de este requisito] va a implicar un mayor costo a cambio de una mejor calidad en el servicio educativo”, manifestó.
El economista Juan José Marthans consideró que los docentes deberán recibir mejores salarios, si se les pone como requisito tener una maestría para dictar en pregrado.
“Una mayor calificación académica del docente, debe significar una mayor remuneración”, refirió.
Marthans, quien fuera jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), indicó que así como hay universidades baratas, “que han salido al por mayor”, también hay otras que son garantía de una educación de nivel y de inserción al mercado laboral.
Luis Solari, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, criticó que se exija una maestría como requisito para los profesores, porque no todos podrían costearla.
SOBRE LA SUNEDU
COMISIÓN ORGANIZADORA
Según disposición complementaria, el Ministerio de Educación formará la Comisión Organizadora de la Sunedu, la cual podría estar integrada por miembros de la sociedad civil.
PRIMER CONSEJO DIRECTIVO
Los ciudadanos seleccionados del primer Consejo Directivo de la Sunedu serán renovados de manera escalonada y periódica con un mecanismo específico que será determinado en el reglamento de organización y funciones.
REGLAMENTO
El Poder Ejecutivo aprobará el reglamento de organización y funciones de la Sunedu, mediante decreto supremo, en un plazo no mayor de 90 días a partir de la publicación de la ley.
GRUPO DE TRABAJO
Se constituirá un grupo de trabajo encargado de realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero de la ANR y el Conafu. Se instalará en 10 días y tiene un plazo de 90 días para ejercer su labor.
El Comercio