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Las Asociaciones Público Privadas (APP) y la inclusión social

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LUIS TRIVEÑO
LUIS TRIVEÑO

Por LUIS TRIVEÑO

Las Asociaciones Público Privadas están de moda (APP), no solo en Perú sino en todo el mundo: entre 2004 y 2012 se estima que el monto asociado a las APP se incrementó de USD 22.7 miles de millones a USD 134.2 miles de millones. Hoy en Perú, las APP son vistas como el mecanismo salvador que permitirá resolver gran parte de los problemas de infraestructura del país. Tanto es así que diversos analistas y líderes de opinión ya han alzado sus voces para señalar la urgencia de consolidar las 16 normas que las regulan en un solo cuerpo normativo y realizar las modificaciones que sean necesarias para reducir el tiempo entre el otorgamiento de la buena pro y el inicio de la ejecución de obras.

Nadie puede estar en contra del perfeccionamiento legal y de la simplificación de procesos innecesariamente largos en cualquier instrumento de política pública. Sin embargo, un reciente informe sugiere que tanto o más importante que agilizar las AFP es hacerlas más transparentes.

En efecto, a inicios de mes, la Asociación Europea para la Deuda y el Desarrollo (EURODAD) publicó un estudio que señala que no todo lo que brilla en las APP es oro y que recomienda utilizarlas con extremo cuidado.

Las APP son contratos a través de los cuales financistas privados reemplazan al Estado como proveedores de financiamiento para servicios tradicionalmente públicos como la construcción y manejo de escuelas, hospitales y carreteras.

Los más entusiastas respecto de las APP señalan que estas permiten que el Estado pueda concentar sus esfuerzos en las tareas que son más necesarias y que deje al sector privado encargarse de actividades que puede y sabe hacer mejor.

Sin embargo, la evidencia disponible (que por lo general es escasa por la poca transparencia que existe de la información) indica que las APP pueden terminar resultando altamente costosas y riesgosas para el Estado.

A continuación una síntesis de los principales resultados del reporte de EURODAD.

• Las APP son, en la mayoría de los casos, la forma más cara de financiar una obra pública. El costo de financiamiento de un proyecto de APP puede llegar a ser el doble del que costaría si la ejecución estuviera en manos del Estado.

• Las APP son generalmente muy complejas de negociar e implementar y las adendas y renegociaciones son demasiado frecuentes. Esto incrementa aún más los costos para el Estado. Según el FMI, las renegociaciones son comunes y tienden a beneficiar a los contratistas privados. Se estima que el 55% de las APP son renegociadas y que, como resultado de estas renegociaciones, se producen incrementos en los costos de hasta 62%.

• Las APP pueden desestabilizar el manejo presupuestal de un país. Por ejemplo, en Lesoto, un hospital construido a partir de una APP absorbe más de la mitad del presupuesto de salud del país y le otorga al proveedor privado un retorno de 25% anual. El haber asumido este gran compromiso económico hasta el 2027 ha obligado al país a reducir el gasto en hospitales rurales en el país, zonas donde viven las tres cuartas partes de la población.

• Las APP suelen ser muy poco transparentes, lo que deja las puertas abiertas para el fraude y la corrupción. Las APP suelen anunciarse con bombos y platillos, indicando  compromisos de inversión y cobertura. Sin embargo, alrededor de su impacto económico y social, lo que predomina es el secreto y el silencio.

Probablemente dos son las lecciones más importante que quedan tras analizar la experiencia peruana a la luz del estudio de EURODAD.

En primer lugar, como cualquier instrumento de política pública, no debe aplicarse de forma automática y  siempre debe evaluarse junto con otras alternativas de acción.

En segundo lugar, para perfeccionar cualquier política pública es más valioso oir a los críticos que a los que están a favor de esta. EURODAD cumple este requisito.

En mi opinión, en Perú deberíamos seguir impulsando las APP, con un marco normativo simplificado y procesos eficientes,  siempre y cuando estas generen la menor cantidad de riesgos para los peruanos (que son los que terminan pagando los riesgos que asume el Estado) y tengan un costo menor que las demás alternativas de acción.  Y esto solo podrá evaluarse cuando la información respecto de estas sea totalmente transparente.

Actualmente, la falta de transparencia hace de las APP un instrumento que hay que manejar con mucho cuidado pues, así como puede ser un remedio para la brecha de infraestructura, sin transparencia y con una mala negociación de parte del sector público, puede terminar siendo peor que la enfermedad.

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