Las Bambas: Las dos caras del conflicto por el proyecto minero

LA BONANZA
El vice presidente de la mina, el cusqueño Luis Rivera, explica con orgullo el proceso de reubicación de las casi 500 familias que vivían dentro del terreno que decidió comprar Xstrata (ex operador de la mina, vendida a MMG en 2014) y de cómo estas han sido beneficiadas con una nueva urbanización de lujo, con casas de tres pisos en terrenos de 500 m2, iglesias para tres distintos credos, lozas deportivas, escuela, colegio, posta y camionetas del año, además de indemnizaciones por más de 1 millón de soles, gracias a un proceso que empezó diez años atrás y que se hizo con sumo cuidado. Estamos hablando de personas que vivían de la agricultura de subsistencia y crianza de animales, en casas pequeñas de adobe y techo de ichu o calamina, como miles de comunidades a 4 mil msnm en el Perú.

Rivera también explica por qué la operación inicial se vendió, pasando de Xstrata Glencore aMMG. “En el mercado minero, si tienes más del 20% de participación te consideran monopolio”, dice, haciendo referencia a cómo el gobierno chino, principal comprador de nuestro cobre, obligó a Xstrata Glencore a vender Las Bambas y conservar sólo la operación de Xstrata Tintaya en Espinar, a 200 kilómetros de Las Bambas, dentro de una zona aparentemente millonaria por tratarse de un cinturón de mineral entre Cusco y Apurímac, que eventualmente podría convertirse en un boom de exportaciones de cobre para el Perú.

EL DESENCUENTRO
El conflicto, generado a fines de septiembre con el desenlace fatal que ya conocemos, se originó por un tema de falta de comunicación. La compra que menciona Rivera trajo consigo cambios en el plan de construcción de Las Bambas, pues al verse Xstrata Las Bambas obligada a vender el proyecto a MMG, la relación con Xstrata Tintaya en Espinar dejó de existir. El problema es que en el plan original de la mina, el cobre de Las Bambas iba a ser llevado por un mineroducto hasta Tintaya, en Espinar (Cusco) para ser procesado ahí, donde también se iba a construir una planta de molibdeno, necesaria para separar metales y obtener el producto final. Al comprarMMG en el año 2014 y romperse esa dinámica Las Bambas-Tintaya, los planes cambiaron y se decidió habilitar una carretera que conecta con una vía férrea para finalmente llevar el mineral hasta el puerto de Matarani, y construir la planta de molibdeno en Las Bambas, pues el mineral ya no iba a ser enviado a Espinar. Esto, que para nosotros es un simple cambio de operaciones, para parte de la población de Cotabambas, con grandes expectativas económicas, sociales y ambientales, resultó ser una amenaza, en tanto ya no se habla de un tubo subterráneo sino de una carretera con una actividad intensa de camiones que levantan polvo, y en tanto desconocen los impactos que puede generar una planta de molibdeno en su agua, en su aire y por lo tanto en sus tierras agrícolas. A esto hay que sumarle el malestar generado por pobladores de la provincia que querían ganar licitaciones para el transporte de mineral en camiones hacia la costa, pero no pudieron o no van a poder por no cumplir los estándares de calidad que se requieren.

Pero hay un tema de fondo y este se refleja en la manera como todos los comuneros, agricultores, deudos y presidentes de defensa entrevistados en Cotabambas empiezan su discurso: “Nosotros no estamos en contra de la inversión privada pero nos hemos sentido totalmente ninguneados por el gobierno y la mina, que ni siquiera nos han avisado de cambios sustanciales, que no sabemos qué impacto van a tener, y por eso nos hemos ido al paro, que era una protesta pacífica que no tenía por qué terminar con la muerte de nuestros compañeros”. La empresa minera considera que esta información sí se socializó. Las aproximadamente 5 mil personas que llegaron a la puerta de la mina el 28 de setiembre de este año consideran que no.

Para el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, en el Perú estamos sufriendo una gran crisis de representatividad, en donde en muchos casos los representantes de gobiernos regionales y locales ingresan al poder legítimo con votaciones alrededor del 30%, y lo que suele ocurrir es que el candidato perdedor se convierte en una alternativa política no formal que lo enfrenta. “En el caso de Apurímac eso es clarísimo, al punto que en las reuniones que hemos tenido a raíz de este conflicto con los alcaldes, ellos piden que estén presentes los presidentes de frentes de defensa, pues temen que de lo contrario no se respeten los acuerdos. Nuestra presencia el 16 (mañana) depende fuertemente de ellos. Se han suspendido distintos talleres informativos por esta lógica de la representatividad”.

NO NOS ENTENDEMOS
Henry Vásquez trabaja en proyectos agropecuarios alternativos a la actividad minera, en Apurímac, para la ONG Cooperacción. Henry me cuenta que el 28 de setiembre unos 5 mil pobladores de los distritos de Cotabambas y Grau llegaron a Challhuahuacho para reunirse en las inmediaciones de la puerta de ingreso a Las Bambas a exigir que se les explicara qué iba a pasar con los cambios (planta de molibdeno y carretera), pues llevaban meses pidiendo información y pese a reuniones con algunos funcionarios del Estado sentían que no se les había consultado. Las impaciencia después de tres días de espera los llevó a acercarse a la mina, los policías se alarmaron y un paro que se pretendía pacífico terminó con bombas lacrimógenas, pedradas con honda, balas y la muerte de Exaltación Huamaní Mío (32), Beto Chahuayllo Huilca (36) y Alberto Cárdenas Challco (24), además de heridos, detenidos y jóvenes que hoy continúan presos en Cusco. Henry asegura que también murieron, en un accidente vehicular, dos policías que tuvieron que escoltar a trabajadores de la mina que fueron evacuados cuando estalló la batalla, pero dice que de eso nadie habla. El Ministerio del Interior designó a unos 2 mil policías para controlar la protesta, pero esos efectivos llegaron en los buses de transporte de trabajadores de la empresa minera y fueron alojados y alimentados en el campamento. Al parecer en el Perú las minas tienen convenios con el gobierno de turno, que facilitan que la policía llegue a darles seguridad en casos de ataque a las instalaciones. Lo cierto es que esos 2 mil efectivos no tienen dónde alojarse en Challhuahuacho, una distrito de 23 mil personas que creció vertiginosamente producto de la intensa actividad laboral generada por Las Bambas, que en su etapa inicial de construcción llegó a emplear a 18 mil personas (actualmente hay unas 8 mil y cuando empiece la operación quedarán unas 4 mil) con restaurantes y hoteles para los trabajadores que llegan de fuera, con autos del año y cientos de policías que caminan por las calles mirando sus smartphones. Un crecimiento que no es sostenible cuando se percibe a la actividad minera como la gallina de los huevos de oro, pues las minas terminan de extraer el mineral y se van. Para mitigar ese inevitable abandono, se creó el Fideicomiso Aporte Social Proyecto Minero Las Bambas, con un monto inicial de USD 45,5 millones y a fines de 2008 se creó la Asociación Civil Fondo Social Las Bambas (FOSBAM), que recibió, de la empresa, aportes adicionales en los siguientes años, llegando a recibir USD 64,5 millones en total. Con estos recursos se estarían llevando a cabo proyectos de desarrollo sostenible en beneficio de las poblaciones de las provincias de Cotabambas y Grau en las áreas de agua y saneamiento, agricultura y ganadería, salud, educación, electrificación y transporte. Pero para el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca, esto no se ha cumplido: “Teniendo en cuenta que es un proyecto importante para el Perú, han descuidado bastante a la provincia de Cotabambas. Son diez años que el proyecto está acá y desde entonces no hay una presencia efectiva, con proyectos, con infraestructura, de parte del gobierno central. El 80% de las familias de la provincia se dedica a la agricultura y no tenemos proyectos para mejoras tecnológicas.”

EL CONTRASTE
La pobreza se siente en la comunidad de Arcospampa, a solo diez minutos en auto desde la mina, en las orillas del río Challhuahuacho, adonde hemos venido para entrevistar a Agustina Llusca, la viuda de Beto Chahuayllo Huilca, muerto el 28 de septiembre en la ambulancia que lo llevaba de Cotabambas a Cusco, por una bala atravesada en el pulmón. Los cinco hijos de Agustina se acercan a mirar las fotos de Beto agonizando dentro de la ambulancia, que nos muestra su hermano Muñante, quien no puede parar de llorar. Agustina los arrima, no quiere que miren. Por lo que nos cuentan, Beto era un trabajador de Bechtel, una empresa sub contratada por Las Bambas para la etapa actual de construcción de la mina, y tenía la ilusión de mandar a los hijos a estudiar a Cusco y darles un futuro mejor. Cualquier futuro es mejor, pienso, cuando entro a la casa de Agustina, de un solo cuarto y con dos camas muy juntas sobre el piso de tierra, para siete (ahora seis) personas. Agustina aprieta entre sus manos un fotochek de Beto con el logo de Las Bambas y asegura que su esposo seguía trabajando para la mina cuando lo baleó la policía, pero que igual se fue al paro porque los animales de su comunidad se están muriendo por causas que los campesinos le atribuyen a la contaminación del río. La madre de Beto aparece llorando, dice algo en quechua y corre al corral a cargar una oveja que no puede tenerse en pie. Ella no puede probarme que la enfermedad de su oveja es responsabilidad de la mina pero no necesita probarme que su nivel de pobreza es extremo.

Por: Maria Luisa del Río.

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