Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente

El proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y su respectivo dictamen de la comisión de Energía y Minas configuran un retroceso en la política ambiental del país so pretexto de incentivar las inversiones, así lo advierte una parte del Ejecutivo y colectivos de la sociedad civil.

Y es que el proyecto remitido al Congreso el 15 de noviembre del 2017 por el aún presidente Kuczynski no solo propone reducir las regalías a 5% y entregar casi a perpetuidad los contratos, sino que desaparece las funciones del Ministerio del Ambiente (Minam) y transfiere competencias ajenas al Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Sería por este motivo que el proyecto de ley no solo tiene como comisión dictaminadora a la de Energía y Minas –cuyo presidente ha sido reelegido para la presente legislatura– sino que además nunca solicitó opinión a entes claves como el Minam, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). El PL tampoco pasó por las comisiones de Economía.

A pesar de haberse saltado estas importantes formalidades existe un dictamen que aguarda ser discutido en el pleno del Congreso, no obstante la semana pasada el Minam hizo llegar a la Comisión de Energía y Minas el informe 737-2018, elaborado por la Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental “para su conocimiento y fines pertinentes”.
Ente rector disminuido

En diálogo con La República, la titular del Minam, Fabiola Muñoz, aseveró que el tema más crítico de ese dictamen pasa porque para proyectos que tengan que ver con el tema de hidrocarburos, el Minam u otros sectores tendrán que pedir opinión previa.

“Siendo ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental no es correcto que nosotros tengamos que pedir opinión previa para poder normar sobre estos temas”, comentó.

Para el Minam, otro punto crítico del proyecto es la línea base socioambiental que de acuerdo al proyecto de ley será realizada por Perupetro interfiriendo con la competencia del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

“En este segundo tema nosotros tampoco estamos de acuerdo porque no es lo que corresponde. Lo más importante es que el sistema funcione y sí creemos que es crítico que el ente rector tenga la capacidad de generar el marco normativo sin tener que pedir opinión vinculante a otros sectores”, anotó Muñoz.

Acotó que la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en la misma línea sobre el proyecto. “Creo que estamos entre el Ejecutivo y Defensoría alineados. Esperamos que el Congreso haga caso de la opinión enviada”.
Inconstitucional

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo también hizo llegar al Congreso un informe y comentarios al dictamen en cuestión .

Alicia Abanto, adjunta para el medio ambiente de la Defensoria del Pueblo, indicó a este medio que uno de los artículos plantea que el MEM tendrá la posibilidad de emitir opinión técnica vinculante respecto de las normas que quieran aprobar otros ministerios y que tengan incidencia en el sector hidrocarburos.

“El hecho de darle opinión previa al MEM respecto a las normas que les corresponde a otros ministerios como el Minam en relación a las normas ambientales que son transectoriales, es algo que neutralizaría el rol del Minam que es el ente rector, el ente responsable de cautelar que el Estado cumpla con el mandato de la Constitución, de proteger el ambiente”, explicó.

Abanto advirtió que de aprobarse el dictamen se le impediría al Minam que cumpla con lo que manda su ley de creación y varias leyes ambientales, además de limitarlo y debilitarlo en su rol central.

“En nuestra opinión, de aprobarse la norma iría en contra de la Constitución, por ende nosotros, la Defensoría, enviamos un informe al Congreso para que no se apruebe ese artículo y sea rechazado porque debilitaría la gestión ambiental en el Perú y el rol del Minam. Sería un retroceso a la política ambiental del pais”, subrayó la representante de la Defensoría del Pueblo.
Ojo con la ocde

Un elemento adicional que Abanto llamó la atención es que el Perú recibió diversas recomendaciones de la OCDE, entre ellas las vinculadas a inversiones que respeten el medio ambiente y el derecho de las poblaciones.

“Sería una pésima imagen. Este dictamen está yendo a contracorriente a lo recomendado por OCDE a nuestro país para ingresar a ese grupo de países que generan actividades económicas con equilibrio entre lo social, ambiental y económico, es decir, que sea sostenible”, destacó.

Recordó que a diferencia de lo que propone el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, la OCDE insta al fortalecimiento de la participación y diálogo de la población. Se supo que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología solicitó revisar el proyecto pero nunca fue remitido.
En cifras

US$ 21 Mil millones alcanza la cartera de proyectos de inversión en hidrocarburos según EY.

-1,2% caería la producción de hidrocarburos este año.

Expuestos a denuncias por incumplir TLC

– César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), coincidió con la opinión del Minam y la Defensoría, en que el hecho que sean los otros ministerios y entidades quienes soliciten opinión técnica vinculante al MEM para la gestión ambiental.

– “Este simple hecho, en opinión de DAR, es un retroceso en materia ambiental pues el MEM había dejado de ser juez y parte en el Gobierno de Ollanta Humala, pero peor aún deja expuesto al país a la vulneración de Tratados de Libre Comercio (TLC), principalmente los suscritos con EEUU y la Unión Europea”, anotó.

– Para la ministra Muñoz si bien es importante revisar y actualizar la legislación de hidrocarburos pero no puede, con ese pretexto, perforar el sistema de evaluación de impacto ambiental.

– “Ese es el equilibrio que tenemos”, afirmó la titular del Minam.

Fuente: La República