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El ámbito de aplicación de la nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783) comprende a todas las actividades económicas, productivas y de servicios, lo cual es un avance orientado a salvaguardar la integridad de los empleadores y trabajadores, así como de los visitantes, destacó el ex ministro de Trabajo Jorge Villasante.

“Hasta el 2006 teníamos una regulación específica de seguridad sólo en el sector minero, en la construcción, la industria, y una norma técnica en el sector pesca”, recordó.

Sin embargo, a partir de entonces -sostuvo- con el Decreto Supremo N° 009, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya se postulaba la obligatoriedad de involucrar en el mismo a todas las actividades laborales, que recién se concreta ahora con la nueva la Ley 29783.

Apuntó que a partir de la vigencia de la ley en cuestión, todos los sectores deberían dictar nuevos reglamentos en materia de Seguridad y Salud sectorial.

“Sin embargo, hasta hoy sólo ha sido dictado el reglamento en actividades eléctricas aprobado con resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas”, acotó.

Incluye a practicantes y proveedores

Villasante señaló que otro punto rescatable de la norma, es que el tema de prevención, ya no sólo se orienta a los trabajadores fijos de la empresa, sino que también comprende a los jóvenes en prácticas formativas y los proveedores de servicios.

“Entonces la responsabilidad del titular de la empresa, no es sólo con sus trabajadores, sino también con los de las contratistas, las tercerizadoras y las de mediación laboral”, indicó.

Subrayó que la ley establece una responsabilidad directa de la empresa titular en la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Inclusive los reportes de accidentes mortales, de enfermedades tiene que ser llevada por la empresa principal”, manifestó.

Comentó que la política preventiva de una empresa, debe contar con un ente que gestione el sistema de Seguridad y Salud, con funciones y responsabilidades debidamente delegadas, lo cual tiene un costo económico.

“Pero si no hay dinero para gestionar el sistema, probablemente vamos a tener dificultades en la aplicación de la ley”, alertó.