La Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) prevista para ser instalada ayer fue postergada hasta el 5 de mayo próximo a pedido del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La agenda para ayer y que finalmente se verá la próxima semana consiste en la aprobación de modificaciones a las bases de la venta o contrato de compraventa de la metalúrgica en La Oroya y de las operaciones en Cobriza, de ser el caso, y como segundo punto, el nombramiento de una comisión de acreedores para que Profit (administrador de la Junta de Acreedores de DRP) le remita la información de la subasta.
Estuvieron en el lugar de la Junta de Acreedores: Doe Run Cayman, Volcan, Cormin, Buenaventura, El Brocal, Vinchos, Sunat, MEM y los acreedores laborales que juntos hacían el 94% del quórum, pero al no firmar la asistencia el MEM no hubo el quórum de ley (66,66% de los créditos reconocidos).
Se informó que el MEM aún no aprueba el Instrumento de Gestión Ambiental Complementaria (IGAC) pese a que ya cuenta con toda la documentación respectiva.
“El gobierno está haciendo agua nuevamente, no tiene posición clara frente a la inversión. Por un lado dicen que apoyan y por el otro lo espantan”, aseveró Luis Castillo, acreedor titular de los trabajadores de Doe Run.
De acuerdo a cronograma, el 12 de mayo se presentará el sobre 1 (oferta técnica) y se pretendía alargar hasta el 26 de mayo la entrega del sobre 2 (propuesta económica) con el objetivo de darle al MEM tiempo para aprobar el IGAC.
“Pero ahora se están acortando los tiempos. Esto podría generar que no se cumpla el cronograma y que ningún postor se presente por las indecisiones del Gobierno”, advirtió Castillo.
Asimismo, señaló que la reacción social de la fuerza laboral de La Oroya es impredecible. Y que se reunirán para evaluar la situación el próximo 6 de mayo.
Trascendió que el gobierno buscaría cancelar la subasta en curso y efectuar una nueva luego que quede aprobado el IGAC y del mismo modo obtener la licencia social del grupo GESTA (grupo de estudio técnico ambiental) de organizaciones vivas de La Oroya, lo cual se constituiría en un golpe a un proyecto parado desde 2009.
CLAVES
Interesados. A la fecha son 11 los interesados en esta licitación que vincularía unos US$ 700 millones de inversión para la región Junín.
impacto. Se advirtió que las consecuencias de estos retrasos las sufren 50 mil ciudadanos de La Oroya, y la fuerza laboral constituida por 1.600 trabajadores.
La República