La República
La sociedad civil loretana, en representación del Frente Patriótico de Loreto, así como la población de Talara, demandan que el retorno de la empresa estatal a la explotación petrolera sea de aplicación inmediata.
Fuentes del sector advierten que la derogatoria del artículo 6 abrió el camino para que la petrolera estatal ingrese al Lote 192, y otros lotes.
Explicaron que Perupetro le solicitará a Petroperú un programa mínimo de trabajo, de al menos un pozo de desarrollo cada dos años, así como la evaluación del pago de regalías que hoy bordea un mínimo de 16% pero que el anterior operador (Pluspetrol) pagaba casi el doble.
Germán Velásquez, presidente de Petroperú afirmó a La República que actualmente la empresa ya se encuentra calificada como empresa petrolera y que apenas tengan un lote en operación la gerencia de exploración y explotación crecerá exponencialmente.
Aclaró que entre las condiciones que pediría la petrolera estatal para asumir el Lote 192 estaría que los activos de este campo petrolero (valorizados en US$ 350 millones) constituyan un aporte de capital, es decir que no se asuma deuda, tal cual ha sido en el actual contrato con Pacific Stratus.
Los trabajadores petroleros representados en la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú señalan que con la aprobación de la autógrafa de ley, la estatal ya se encuentra en la integración vertical.
Dijeron que ahora corresponde a Luis Iberico, presidente del Congreso, firmar la autógrafa sin necesidad de ser remitida al presidente Humala. Fuentes congresales estimaron que ello sucedería este lunes 26 de octubre.
Ojo con el lote 64
De otro lado, el congresista Manuel Dammert advirtió que la modificación de contrato (cesión del 75%) entre Petroperú y Geopark para el desarrollo del Lote 64 viene siendo bloqueado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este trámite salió aprobado del Ministerio de Energía y Minas y se encuentra en el MEF desde el 8 de junio y hasta hoy no se conocen novedades.
Por este motivo la comisión de Energía y Minas del Congreso acordó citar al ministro Alonso Segura para que explica sobre este hecho que Dammert considera doloso contra los intereses del país.
“El MEF está bloqueando ese contrato que además le supone un gasto para Petroperú. La citación al MEF se haría en la primera semana de noviembre”, refirió.
Enfoque
Germán Alarco – Profesor de la Universidad del Pacífico
Todavía existen opciones
Es acertada la decisión del Congreso al señalar que los argumentos del gobierno no tienen sustento alguno. No se viola el contrato con Pacific Stratus Energy (PSE), ni la Ley de Hidrocarburos, no es una iniciativa para crear o aumentar el gasto público. Tampoco atenta contra el principio de subsidiaridad del Estado ya que la Ley 28840 de 2006 señala claramente que Petroperú puede participar en todas las actividades de la industria, incluido el Upstream.
El gobierno debe reflexionar y no actuar precipitadamente. La decisión del Congreso le abre espacios para conversar informalmente para que PSE invite voluntariamente a que Petroperú participe con al menos el 25% de los derechos y obligaciones del contrato, participación prevista desde el inicio. PSE tampoco debe olvidar que el Estado le aportó gratuitamente activos por US$ 346.5 millones.
Compete al Presidente de la República resolver el asunto instruyendo directamente a Perupetro y Petroperú. No se trata de un tema para el Consejo de Ministros y la cesión voluntaria no requiere de un nuevo dispositivo legal. El contrato de PSE es por dos años y a este gobierno solo le quedan 9 meses.
La República