Manuel Pulgar-Vidal

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal Otárola, dice que el objetivo al 19 de abril fue reducir el número de ilegales

La estrategia de saneamiento para la formalización minera aprobada hace dos días es considerada por el Ejecutivo la última etapa para que unos 70 mil trabajadores sean formales. Sin embargo, hay especialistas que estiman que esta estrategia disfraza una ampliación de plazos, ya que el año pasado se garantizó que el 19 de abril se culminaría el proceso. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, uno de los que aseguraron esto, niega que haya nuevos plazos y dice que el objetivo principal se ha cumplido: delimitar el grupo de mineros que se quieren formalizar.

— ¿Cómo entiende la etapa de saneamiento en el largo proceso de formalización?

Es la consolidación de un proceso que está dando resultados. Este proceso de formalización concluyó el 19 de abril y nadie más puede entrar. Pero la formalización solo es uno de los elementos de la lucha contra la minería ilegal.

— ¿Cuáles son los logros obtenidos a los que hace alusión?

En el proceso mismo [que agrupa a 70 mil personas] hemos logrado que 6 mil personas tengan un registro único de contribuyente, que un número importante de personas haya presentado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), entre otros. Lo más importante es que se ha podido acotar el universo de un número indeterminado de operadores ilegales y con ese grupo continuamos una segunda etapa.

— ¿Este universo va a seguir siendo depurado?

La depuración de la lista de declaraciones de compromiso –el primer paso del proceso– es fundamental. Será en los próximos 120 días para ver quién continúa. Saldrán los que operen en sitios prohibidos o con maquinaria ilegal.

— Ministro, el año pasado aseguró que el 19 de abril del 2014 se culminaría la formalización y eso no ha sucedido en la práctica…

Efectivamente, el proceso concluyó el 19 de abril.

— ¿Cuál proceso es ese? Aún hay mineros que no han presentado sus requisitos para ser formales y que están considerados en esta etapa de saneamiento.

Concluyó porque se redujo el ámbito de operadores que pueden actuar legalmente y que se formalizan. Quiero negar que los plazos de formalización se estén ampliando con esta nueva etapa. Cuando solo se miran los números, se comete un error, este problema tiene 45 años en el Perú y debe cortarse de raíz, y para eso realizamos otras acciones.

— No se niegan esas acciones, pero en el caso específico de la formalización la estrategia de saneamiento contempla resolver requisitos que debieron darse antes del 19 de abril. ¿Se plantearon mal los plazos?

No. Hemos planteado este proceso de formalización de una forma correcta. Desde un inicio se dijo que el objetivo del proceso era acotar el número de operadores que pueden ser formales.

— ¿Entonces cuando dijo el año pasado que el 19 de abril se terminaría la formalización, se refería a eso?

Yo hablaba de que se iba a cumplir el objetivo de formalización y se ha cumplido.

SOBRE LAS PROTESTAS ES MADRE DE DIOS

Las protestas en Madre de Dios por el control de combustible se detuvieron durante los feriados de Semana Santa. Sin embargo, los mineros ilegales de HuepetuheMazuco y Laberinto señalaron que continuarán esta semana con los reclamos. Ellos piden que se derogue el Decreto Supremo 015-2013, que establece cuotas de combustible porque este es utilizado para actividades ilícitas.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dijo que, pese a las demandas, el control continuará. “No se va a eliminar. El control tiene como objeto erradicar lo que hoy es una perversión. En Madre de Dios se consume diez veces más combustible que el promedio de otra ciudad. Es obvio que este exceso va a la minería ilegal”, dijo.

Las protestas en Puerto Maldonado duraron 23 días. En un momento la población se unió a estas para reclamar que el Decreto 015 señalaba que el control era por narcotráfico. Luego de un diálogo entre autoridades regionales y la Presidencia del Consejo de Ministros, se acordó que la norma especificaría que era por minería ilegal.

“Como gobierno no tratamos a Madre de Dios como narcotraficantes”, señaló. Agregó que apoyan al resto de población productora.

El Comercio