El fin de semana culminó el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal –cuya fecha límite era el 19 de abril–, y el gobierno publicó la Estrategia de Saneamiento, los lineamientos de la siguiente etapa del proceso. SEMANAeconómica conversó con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sobre los avances de la lucha contra la minería ilegal y las principales medidas de la nueva estrategia.
-¿No constituye una ampliación de los plazos que beneficia a quienes hasta hoy se han negado a entrar al proceso? Pulgar-Vidal dice que no y explica sus razones.
-Como balance, ¿cuál ha sido el principal obstáculo en el proceso de formalización?
Para hablar del proceso de formalización hay que partir de dos principios. Primero, la indefinición entre un minero informal e ilegal era peligrosa y dañina porque impedía actuar administrativa y jurisdiccionalmente contra el que estuviera en una situación clarísima de ilegalidad. Y creo que el proceso de formalización tiene el gran mérito [de eliminar esa indefinición].
En segundo lugar, la minería ilegal en el Perú se produce en distintas circunstancias y territorios. Es distinta la minería ilegal en los andes, donde el mayor problema es la seguridad, que en la Amazonía, donde el principal problema es la deforestación y contaminación con mercurio. También hay diferencias en las situaciones de los operadores ilegales: algunos trabajan en zonas prohibidas, otros en un terreno público eriazo, otros en el terreno de un tercero sin pedir autorización, etc.
El proceso de formalización ha intentado observar cada una de las situaciones para eliminar las confusiones y darle un tratamiento específico a cada una de las realidades. La situación de la minería ilegal no es igual para todos los operadores. Por ello uno de los temas en que la Estrategia de Saneamiento se enfoca es el uso del terreno superficial.
-¿Cuántas personas ya se han formalizado completamente, es decir, tienen autorización de inicio o reinicio de actividades?
Como acaba de concluir el proceso, no tengo ese dato. La autorización del inicio o reinicio de actividades es una tarea a cargo del Ministerio de Energía y Minas que tiene que dar ese dato en función a quienes cumplieron los requisitos.
Sí sé que actualmente hay 6,000 personas con Registro Único de Contribuyente [el requisito luego de presentar la Declaración de Compromiso], varios miles con contratos de explotación de la concesión minera [permiso para explotar el mineral], varios miles con contratos de uso del terreno superficial [para ingresar a la zona donde se explota el mineral] y varios cientos con Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo adecuadamente presentado [requisito ambiental]. Eso constituye un avance.
Eso sí: uno de los grandes beneficios de la estrategia del proceso de formalización es que no entra una persona más de los que estaban adentro cumpliendo sus requisitos. Lo que sí puede ocurrir es que durante el proceso de saneamiento muchos salgan porque siguen inmersos en alguna condición de ilegalidad.
-La Estrategia de Saneamiento propone metas anuales de personas formalizadas por regiones. ¿Aún no se ha establecido alguna meta para fin de año?
No, justamente la Estrategia de Saneamiento plantea un plazo de 120 días. En este plazo, se realizará la depuración del Registro de Saneamiento [que menciona a los mineros en proceso de formalización] y todo lo necesario para luego empezar con una Estrategia de Saneamiento adecuada sólo para los operadores que queden del registro depurado.
–Usted ha negado que la Estrategia de Saneamiento constituya una ampliación. Sin embargo, antes habían plazos intermedios y el plazo final era el 19 de abril. Luego se eliminaron los plazos intermedios, pero se mantuvo el plazo final. Ahora, ¿se pueden seguir entregando requisitos luego del 19 de abril?
No. Todos los requisitos de cumplimiento se han tenido que presentar para el 19 de abril. Lo que viene para adelante está vinculado a otros requisitos que serán resultado de las normas que se tengan que dictar en este plazo de 120 días. No se trata una prórroga, sino de la consolidación de un proceso.
Calculamos que serán 17 normas de distinta jerarquía, como mínimo, y entrarán en vigencia luego del plazo de 120 días. Hay que tener claro que la Estrategia de Saneamiento es una estrategia, no el conjunto normativo.
-Los requisitos que se pedían a los mineros eran cinco para obtener la autorización de inicio de actividades. Todos éstos debían presentarse para el 19 de abril…
Así es, y sólo en aquellos casos donde se han presentado dificultades porque el marco normativo ha impedido continuar [con el proceso], ésos requisitos se están manteniendo en la Estrategia de Saneamiento, pero entrando a una discusión de fondo sobre la titularidad de la concesión, el derecho al uso superficial, y otros. Eso no significa una ampliación de los plazos, sino una consolidación del proceso.
-Ministro, pero eso es una ampliación del plazo: los requisitos se debían presentar para el 19 de abril y ahora se está permitiendo que se entreguen después.
No, porque no se puede considerar una ampliación de plazo a una obligación del Estado de corregir una situación normativa o legal. Una ampliación del plazo sería decirle a alguien que no cumplió en su momento “ahora te voy a seguir permitiendo cumplir”. Aquí estamos hablando de situaciones donde el Estado está ajustando sus propias reglas, para justamente limar aquellos cuellos de botella que se han encontrado en el proceso.
-Pero hay fechas que se han movido…
No, no hay fechas que se han movido. El proceso de formalización se cerró.
-La acreditación del uso del terreno superficial [uno de los requisitos] ahora se puede presentar luego del 19 de abril…
Nuevamente, aquellos que hayan acreditado el uso del terreno superficial son todos aquellos que tuvieron posibilidad de hacerlo.Aquellos que no pudieron presentar dicho requisito fue por alguna limitación del marco normativo. Por ejemplo, el caso de tierras forestales y las tierras agrarias, entre otras.
Cuando hablamos del uso del terreno superficial, hablamos de todo aquello que puede generar una limitación sin que esto signifique que les vamos a flexibilizar las reglas para mantenerlos operativos. El Estado tiene que ajustar éstas normas para facilitar [el proceso] a aquellos que pueden concluir [la formalización].
-¿Por cuánto tiempo no se les interdictará a los 70,000 que presentaron su Declaración de Compromiso?
La interdicción continúa, para los que están fuera, y continuará para los que estando con el registro depurado, sigan sin cumplir con los nuevos requisitos que pueda establecer el Estado. Y la interdicción va a ser incluso más severa. Los nuevos requisitos se sabrán cuando se publiquen las normas.
Usted siempre se ha mostrado en contra de que el gobierno central transfiera a los gobiernos regionales las competencias sobre la pequeña minería y minería artesanal, pues no tienen capacidad de fiscalización. Sin embargo, con la Estrategia de Saneamiento, esto continuará…
No exactamente. En primer lugar, esa transferencia de competencia fue una Ley Orgánica y, entonces, cualquier modificación debe ser realizada por el Congreso. En segundo lugar, la intervención del gobierno nacional se dará con la fiscalización de las plantas de procesamiento a cargo de OEFA, Osinergmin y Sunafil.Esta propuesta ya fue aprobada por el Ejecutivo y debería ingresar al Congreso en los próximos días.
Además, la Estrategia de Saneamiento propone modificar a lo que hoy día se considera un pequeño minero o minero artesanal en relación a volumen, extensión de la concesión, y capacidad de procesamiento del mineral. Al modificar eso, se transfiere a éstos mineros al régimen de la minería o gran minería, bajo fiscalización el gobierno nacional.
-La Estrategia de Saneamiento no demandará gastos adicionales y se financiará con el presupuesto público ya vigente, según la norma. ¿Pero las medidas que propone la Estrategia no implicarán mayor presupuesto?
Cuando se aprueban normas a estas alturas del año, se utiliza esta fórmula legal porque todos los ministerios tienen presupuestos disponibles para actuar. En los casos en que el presupuesto no sea suficiente para cumplir con la tarea, se recurre a los fondos de contingencia que existen en el Tesoro Público. Hay que tener en cuenta que el presidente Humala ha anunciado la creación de un Fondo de S/.100 millones para el desarrollo de Madre de Dios, que no estaba considerado en la estrategia. Además, habrán fondos de cooperación internacional para rehabilitar las áreas afectadas.
En ninguna de las anteriores iniciativas de formalización hubo resultados. En el 2001 hubo cero formalizados y ninguna medida concreta. En el 2009 se creó un corredor minero que ha generado un Huepetuhe: un caos con altísimos niveles de destrucción, prostitución y trata de personas, que los mineros ilegales consideran lícito por estar dentro del corredor.
Semana Económica