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MANUEL PULGAR VIDAL: “NUNCA COMO AHORA SE HA ESCUCHADO A UN PRESIDENTE PLANTEAR CON TANTA ENERGÍA UN DISCURSO AMBIENTAL”

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¿El SENACE es su hijo? ¿Cuál es la importancia de este organismo?
Es el hijo de varios. En el año 1991, se dispuso que los estudios de impacto ambiental pasen a los sectores Lo que efectivamente ocurrió fue que muchos sectores fueron juez y parte, y no regularon. Por eso se planteó que esa competencia pasase a la autoridad ambiental. No se logró cuando se formó el CONAM en el año 94, tampoco cuando se reglamentó la ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental en el 2009, y tampoco cuando se creó el MINAM.

Lo que se ha creado es una entidad independiente del ministerio.
Sí, se ha buscado tener un ente rector para que no se confunda con el rol de rectoría de políticas que tiene el ministerio. Además, hay un organismo preventivo, otro de control, y este año queremos fortalecer la parte de la información ambiental que está dispersa.

¿Y esta decisión puede traer problemas con el Ministerio de Energía y Minas que antes era el encargado del proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental?
Aunque ya se dictó la ley, el SENACE va a asumir la transferencia en forma gradual. Esto es lo más saludable. Además, hay un Consejo Directivo que es intersectorial. Hay que tener en cuenta que el sistema de impacto ambiental elabora las reglas ambientales, y, en ello, los sectores tienen una competencia importante. Lo que hemos traído al ministerio es la aprobación de los estudios de impacto ambiental, la definición de los términos de referencia y su seguimiento a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esto no creo que genere enfrentamientos.

No somos tan optimistas. Pero, ¿qué diferencia al mecanismo de aprobación anterior de éste, más allá del sector que lo dirija?
El mensaje que queremos dar es: Normas ambientales estrictas bajo procedimientos razonables. Que la simplificación administrativa no signifique normas ambientales laxas. Uno de los primeros pasos del SENACE es crear una ventanilla única, es decir, lograr que los procedimientos entren todos en este órgano adscrito con plazos razonables, sin duplicidad de esfuerzos.

Ésta fue una promesa electoral del presidente Humala. ¿Qué tan difícil ha sido que los empresarios estén de acuerdo con su creación? A ellos les convenía que la aprobación de sus EIA los diera el Ministerio de Energía y Mina que prácticamente controlan.
Yo creo que ha habido resistencia de un grupo de empresarios expresada en un gremio como la Sociedad de Minería. En cambio, el sector de hidrocarburos quiere, más bien, explicarnos dónde tienen dificultades procedimentales para ver cómo pueden contribuir a la ventanilla única.

Los mineros tienen razón en estar recelosos porque se supone que ahora va a haber mucho mayor cuidado con las normas ambientales.
Hay que tener en cuenta que cuando se dictan las normas del 91, que le dan a los sectores esta competencia, estábamos intentando reinsertarnos al mundo financiero internacional, tratando de captar inversiones internacionales. Pero las condiciones cambiaron. La función debe estar a cargo del MINAM porque es la identidad especializada en esa materia. Así funciona en casi todos los países del mundo.

Con respecto a la gestión aprista, ¿cuáles son las diferencias fundamentales, o se trata de continuar la ruta trazada?

Creo que en la política general hay un cambio significativo. Nunca como ahora se ha escuchado a un presidente plantear con tanta energía y decisión un discurso ambiental: Ha firmado los convenios sobre residuos sólidos. Ha lanzado la ley de moratoria de transgénicos por diez años. Ha creado Güepí, que es un parque nacional que tenía 15 años como zona reservada. Después de veintiún años ha lanzado SENACE. Ha triplicado el monto de las multas de 10 mil a 30 mil UITs.

¿Y con respecto al ministerio? Fueron los apristas quienes lo crearon.
Es cierto. Yo sí creo que hay un mérito en el ministro Brack por haber creado el ministerio. Él partió de cero y dejó una estructura. Pero lo diferente es que ahora se está fortaleciendo la fiscalización. Tenemos en nuestro plan 33 puntos sobre gestión ambiental que son una agenda para los próximos 24 meses.

¿Qué tan difícil es lidiar con los grupos poderosos que arman lobbies millonarios?
El Perú de hoy es muy distinto. Un operador irresponsable lidia hoy con su propia irresponsabilidad porque, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy el ciudadano está informado y no acepta ciertas conductas, el Estado ha fortalecido sus componentes, la información se conoce. Por ejemplo, en Andoas está ocurriendo un cambio significativo. Ahora el Estado está presente para identificar los pasivos ambientales dejados por la explotación de hidrocarburos, está presente con planes de educación y salud, el OEFA participa, y la empresa es consciente que tiene que rehabilitar esos pasivos. En Espinar, la empresa participa en una Mesa con la comunidad revisando el convenio Marco y el Estado cumple el rol de mediador.

¿Y Yanacocha?

Creo que es un caso especial porque, si bien es cierto que hay una demanda ciudadana que el Estado ha intentado atender, yo insisto que las respuestas de Estado al conflicto han sido numerosas: logró que la empresa suspenda la operación en noviembre del 2011, instaló las Mesas de desarrollo y medio ambiente, contrató un peritaje, creó una comisión multisectorial. Y del otro lado solo hubo negativas, porque a la legítima aspiración ambiental se le suma una aspiración que es puramente política. El discurso medioambiental de Santos quedó enrevesado por su aspiración de ser reelecto como presidente regional o de ser gobernante.

Un hecho concreto: El OEFA le acaba de poner una multa a Yanacocha porque acaba de incumplir cinco compromisos establecidos en el EIA de Conga.
La multa que se le puso es por la fase exploratoria que ya concluyó. Eso me parece saludable. El hecho de que pueda existir algún nivel de incumplimiento no origina que las empresas deban ser cerradas. La gradación de multas es variable: hay desde las moderadas hasta las graves que puede llevar a un cierre temporal o a la suspensión de actividades.

Pero lo que está detrás es un tipo de comportamiento que tiene esta empresa a lo largo de casi 20 años en Cajamarca. Si el discurso de Gregorio Santos tiene relativo éxito es porque hay un nivel de rechazo que se ha ido generando.
La empresa reconoce que han tenido un comportamiento que ha hecho que la gente no los quiera. A ellos les toca reconstituir la relación, y el Estado lo que puede hacer es promover acercamientos. Pero la empresa tiene que cumplir su responsabilidad de refundar el pacto. Ya han cambiado personas, entonces lo que hay que ver si ese cambio se va a reflejar en un cambio de políticas empresariales. Con respecto a Santos, él tiene una negativa al desarrollo de cualquier actividad minera en Cajamarca. Esto queda claro cuando dicta su ordenanza 036 en la que establece que no habrá minería en Cajamarca. Detrás del “Conga no va”, está ese discurso. Y, lamentablemente, Cajamarca es una región que sigue siendo la tercera de mayor pobreza en el Perú.

Pero, por más complicado que sea, se tiene que trabajar con los gobiernos regionales. Había un ordenamiento territorial propuesto por gobierno regional.

Y que se sigue trabajando. El MINAM ha apoyado al gobierno de Cajamarca en el ordenamiento territorial. Ellos tenían ya una zonificación ecológica-económica sobre la que existían observaciones y, aun así, el ex vice ministro de gestión estratégica de recursos naturales, Hugo Cabieses, se la aprobó. Uno puede considerar que ésa no era la base legal y que no le competía dictar una resolución así; aun así, nosotros hemos seguido apoyándolos y ellos han podido levantar las observaciones que tenía la zonificación.

¿Tiene alguna autocrítica a la forma como manejaron el conflicto en Cajamarca?
Sí, claro. Pero lo importante es cuál fue la respuesta a la autocrítica. Ahora hay una oficina de la PCM que está haciendo las cosas bastante bien, el informe de la Comisión Multisectorial después que el Presidente dijo que íbamos a establecer una nueva forma de hacer minería con 33 propuestas, tres de ellas ya están en curso y una ya es ley y significa unos de los mayores cambios en los últimos años, hay Mesas de diálogo como la de Espinar donde valoro mucho que hayan ido todas las entidades del Estado pero no individualmente sino como Estado. Claro que hemos aprendido. Se está comenzando a construir una nueva agenda ambiental. Y sí creo que estamos aprendiendo a llevar una relación de las actividades extractivas distinta y nueva con la sociedad y con el entorno.

“El mensaje que queremos dar es: Normas ambientales estrictas bajo procedimientos razonables. Que la simplificación administrativa no signifique normas ambientales laxas”.

En general, hay una situación de conflictividad alrededor de las industrias extractivas.
Es que los modelos de desarrollo están todos en cuestión: En un país europeo los indignados votan por un gobierno de izquierda, y en otro votan por uno de derecha. Y el discurso es el mismo. En Latinoamérica algunos países tienen un discurso que pareciera más cerca al medio ambiente como el Sumak Kawsay ( el Buen Vivir), pero esos países como Ecuador, también promueven el desarrollo de las actividades mineras. Hay un nivel de incertidumbre. Los procesos de crecimiento generan ciertos niveles de conflictividad porque visibilizan lo que antes no se veía.

Para usted, ¿ cuál sería el modelo de desarrollo para un país como el Perú?
Yo creo que el modelo de desarrollo peruano es un modelo de crecimiento con una fuerte promoción a la inclusión social y absoluto respeto a la democracia.

Por ejemplo, para la Amazonía, ¿qué le parecen los planteamientos de Hernando De Soto?
Yo he sido muy crítico desde el inicio. En su documental El misterio del capital, él plantea que los conceptos de propiedad y de capacidad de hacer empresa son los únicos que determinan la existencia de bienestar. Creo que sobre simplifica el problema.

Volviendo al MINAM, ¿cuáles son las nuevas entidades de regulación ambiental del Ministerio?

El SENACE , y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental ( SINEFA). Algo que también es fundamental es la compensación, que supone compensar con naturaleza a la naturaleza afectada. Eso ya lo están haciendo algunos países. Se busca que se reemplacen los niveles de afectación para que se tenga pérdida neta cero de diversidad. Eso va a ser fundamental. Y hay otros proyectos que debemos trabajar con el Ministerio de Inclusión Social para lograr que el desarrollo de una actividad extractiva venga de la mano con un plan de inclusión social. El operador, en su plan de responsabilidad social, debe saber cuál es su aporte en la inclusión social.

¿Todo es compensable?
Hay que tener en cuenta que existen en la legislación del Perú, herramientas para proteger algunas zonas como los parques y los santuarios nacionales. El Gobierno sigue creando áreas protegidas porque cree que ése es un mecanismo de conservación adecuado. La creación de Güepi es un ejemplo de ello. Hay otras zonas donde conservar significa establecer las condiciones para minimizar los impactos y manejar adecuadamente los recursos. Volvamos a Conga que tanto les gusta: los peritos decían que todo el suelo de bofedales se guarde y se reponga al culminar la actividad.

¿Qué tan compensable puede ser una cabecera de cuenca?
La compensación es la última medida porque el estudio de impacto ambiental debe hacerse para evitar o reducir el impacto, y si finalmente, eso es inevitable, hay que compensar. La cabecera de cuenca es la parte más alta de una montaña, pero no necesariamente en las partes más altas de una montaña se dan todas las condiciones de formación de agua. Hay otras variables que hacen necesario desmitificar este concepto de cabecera de cuenca.

Y, específicamente, ¿la cabecera de cuenca del proyecto Conga debe preservarse?
Los peritos señalaron que no necesariamente la cabecera de cuenca es la zona de formación mayor de agua, y tampoco la zona mayor de precipitación. Dijeron, también, que la cota de precipitación estaba más baja que la zona donde se iba a desarrollar el proyecto. Nadie ha rebatido ese informe que tiene más de un año de vigencia.

“En su documental El misterio del capital, Hernando de Soto plantea que los conceptos de propiedad y de capacidad de hacer empresa son los únicos que determinan la existencia de bienestar. Creo que sobre simplifica el problema”.

¿Qué pasa con el ordenamiento territorial en Madre de Dios?

Hay que considerar las realidades del territorio porque si no tendríamos que meter a las Fuerzas Armadas y sacar a los mineros ilegales de allí. Estoy seguro que nadie aceptaría eso porque finalmente también hay un fenómeno social. Yo, como Ministro del ambiente, no quiero ese tipo de minería que desgrosa y te deja el territorio desertificado. Pero hay que establecer un conjunto de medidas graduales para hacer que ellos entren a una formalización ordenada.

¿No están siendo demasiado graduales?
El 2013 debemos ser más enérgicos. Gran parte del problema se da porque procesadoras como Itaruma, siguen teniendo registro de pequeñas mineras. (Se considera pequeñas a las que procesan hasta 350 toneladas métricas al día, y ellas procesan más de 700.) A ésas hay que caerles. El proyecto de ley que elaboramos establece que si se verifica que las operadoras ya no son pequeñas, el OEFA puede intervenir. Hay mafias y ninguna está sancionada.

¿Las concesiones las sigue entregando la Dirección Regional de Minería?

Si, las siguen entregando.

Pero ahí hay un problema grave porque ellos entregan concesiones indiscriminadamente, y hay superposición con tierras comunales y forestales.
Sí, definitivamente. Y además creen que basta con tener un petitorio para poder operar. Hay 50 puntos en los que se debe intervenir. Creemos que hay que comenzar por el procesamiento, por la comercialización y por el tema judicial. El día en el que metamos a una mafia a la cárcel vamos a demostrar que existe la fuerza, pero el Poder Judicial nos tiene que respaldar.

El concepto de ordenamiento territorial que es esencial, está generado conflictos entre los gobiernos regionales y el central. ¿Cómo están afrontando esto?
El ordenamiento territorial es una herramienta que permite, en función a información técnica, tomar decisiones políticas sobre la ocupación del territorio. Tiene que calzar con las políticas de los distintos niveles de gobierno. Lo que ocurre es que en medio de estas relaciones tensas entre los niveles de gobierno, algunos entendieron que el ordenamiento era la herramienta perfecta para la negociación política y para la exclusión de actividades. No solo fue Cajamarca: han sido tres gobiernos regionales que emitieron ordenanzas y el Tribunal Constitucional las ha revocado y declarado inconstitucionales.

¿Cuándo habrá una ley?
Al final de este gobierno. El Presidente ha ofrecido que se concertará una política de estado sobre ordenamiento territorial en el seno del Acuerdo Nacional, y ése será el marco perfecto para una ley. No se puede dejar a la voz de cada población lo que quiere y no quiere porque empieza una situación caótica.

Sobre el caso de Espinar. Al principio, cuando la congresista Verónika Mendoza mostró el informe del MINSA que señalaba que había contaminación por metales en una muestra que se les hizo a los pobladores que vivían en la zona de influencia del proyecto minero, usted dijo que se habían realizado ocho monitoreos participativos y que el agua cumplía con los estándares de calidad. ¿Ahora que ha viajado varias veces a la zona, sigue sosteniendo lo mismo?
Es una pregunta muy capciosa porque lo que yo dije está fundamentado. Busqué todos los informes que se habían hecho y relaté lo que éstos señalaban. Es más, uno de estos informes de monitoreo contó con la participación de OXFAM y Cooperacción, y sostenía que no había contaminación. Este informe no fue aceptado por las organizaciones y por eso nunca se publicó . Pero, a pesar de ello, optamos por ir, mirar y escuchar a la gente. Para eso se crean las Mesas de diálogo y hemos dispuesto hacer un monitoreo participativo. Hace dos semanas estuve en Espinar y, definitivamente, se ve que es un tema de pérdida de pasturas porque hay un nivel de infiltración de agua del subsuelo que la población asume que es el agua del relave que está volviendo. Pero hay que ver cuál es la situación para tomar medidas.

Actualmente el lote 76 se superpone a la reserva Amarakaeri, y AIDESEP demandará al Estado por la ampliación del lote 88 que atenta contra la reserva Kugapakori.
Esa es una competencia del Ministerio de Cultura y hay una ley que se dictó en el año 2006. Las reservas naturales no están en las categorías de áreas naturales que corresponden a este ministerio; las comunales sí.

No podemos terminar sin preguntarle sobre Bagua. Usted defendió algunos de los decretos que las organizaciones indígenas estaban cuestionando.

En su momento fui muy crítico, y sigo oponiéndome a los decretos legislativos 1064 y 1079. Lo que intentaron fue convertir la tierra forestal en agraria. Al volverse agraria, la tierra forestal se podía dar en propiedad. La amenaza que los indígenas sintieron sobre sus cabezas era altísima, considerando que ellos tienen propiedad sobre solo parte de su tierra y cesión en uso en el resto. Y tuvieron razón en pedir la derogatoria de esos dos artículos. Lo que yo sí dije es que había otros artículos de la ley forestal que eran perfectamente válidos.

Y finalmente, queremos preguntarle sobre los ofrecimientos laborales que recibió de Yanacocha.

Yo he recibido dos ofertas de Yanacocha: una a través de Peter Orams, y otra a través de Javier Velarde. Me he negado porque he dedicado mi vida a una actividad determinada y quería mantenerme en ella. Todas las ofertas fueron anteriores al ofrecimiento para ocupar este cargo.

¿No se ve de acá a cinco años trabajando para una empresa?

No sé qué va a pasar conmigo mañana. Yo nunca hago futurología.

Fuente: MINAM

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